«La sentencia dice que se debe readmitir a los trabajadores en sus puestos originales y eso sólo es posible si se recupera la producción en Alicante». Con estas palabras la secretaria de Acción Social de FITAG-UGT, Rosa Benítez, anunciaba ayer la intención del comité de empresa de Coca-Cola Iberian Partners de reclamar a la Audiencia Nacional la ejecución provisional del fallo que el pasado viernes anuló el ERE de la compañía y de exigir, además, que dicha medida incluya la reapertura obligatoria de las cuatro fábricas que cerró la firma tras despedir o prejubilar a 821 empleados y trasladar a otros 330.
«Hasta les puede venir bien porque lo cierto es que están teniendo problemas gravísimos de producción, con roturas del stock que les están impidiendo servir a tiempo a un gran número de clientes, desde que cerraron estas plantas», denunció la sindicalista, quien apuntó que estos incidentes «demuestran que era falso que existiese capacidad ociosa en las fábricas», como aseguró la firma para justificar los recortes.
Tanto Benítez como el responsable de FITAG-UGT en Alicante, Joaquín Gil, calificaron de «histórica» la sentencia, sobre todo porque viene a poner límites a la especie de 'barra libre' que se había abierto con los ERE tras la reforma laboral. «Había muchas empresas esperando a ver cómo se resolvía la situación», apuntó la portavoz de la plantilla, «y ahora ha quedado claro que una compañía con beneficios no puede poner en marcha un ERE porque sí, que debe presentar un plan industrial que demuestre que los ajustes van a servir para algo, no sólo para ahorrar costes sin más».
Igualmente, destacaron la importancia de que la Audiencia Nacional haya reconocido que la embotelladora vulneró el derecho de huelga de los trabajadores al repartir mercancía llegada de otras provincias para suplir la que dejó de fabricarse en Alicante o Madrid durante las protestas que éstos protagonizaron el pasado mes de febrero. «Esto sólo ya es motivo para el tribunal para anular el ERE», aseguró Rosa Benítez.
Durante la comparecencia de ayer también se refirieron al nuevo juicio que se celebrará el próximo martes para analizar la situación de los trasladados -en Alicante, de los 99 afectados por el ERE, 35 fueron bajas y prejubilaciones, a los que afecta directamente la sentencia del viernes, y los otros 64 aceptaron marcharse a Valencia para conservar su empleo-, que deberían incorporarse a su nuevo puesto de trabajo el próximo día 1 de julio.
Cambio de colegios
«Hay mucha incertidumbre entre los compañeros. Creemos que el fallo irá en la misma dirección pero hasta que no se resuelva nosotros tenemos que ir a trabajar. Eso sí, la mayoría lo que hemos hecho, de momento, es no cambiar a los chiquillos de colegio a la espera de lo que ocurra», explicaba ayer el presidente del comité de empresa de Coca-Cola en Alicante, José Vicente Salinas. En este sentido, Salinas señaló que si la compañía decidiera finalmente reabrir la fábrica, podría hacerlo en poco tiempo ya que tan sólo se ha desmontado una máquina mientras la línea principal, que se encarga de fabricar los botellines de vidrio para el sector de la restauración en el que está especializado la planta, «sigue intacta».
Desde el comité también recordaron que tienen interpuestas otras demandas en los juzgados alicantinos para exigir que se les devuelvan los salarios que dejaron de percibir durante la huelga, una vez que se «ha demostrado que se vulneraron los derechos de los trabajadores. Por otra parte, la empresa negó que el boicot promovido por los empleados redujera sus ventas en la zona centro de la Península en un 48% durante el pasado mes de febrero, como se recoge en la sentencia de la Audiencia Nacional, y limitó la caída al 2,3%.
