El comité de empresa de la planta de Coca-Cola en Alicante reclamará a la Audiencia Nacional que la ejecución provisional de la sentencia que anula el ERE de la compañía obligue también a la reapertura de la fábrica, que lleva sin producir desde el pasado mes de febrero. Así, lo han anunciado esta mañana los representantes de los trabajadores en una comparecencia para valorar el histórico fallo y en la que también han denunciado que la embotelladora está teniendo «problemas para atender a sus clientes» desde que ejecutó el expediente y clausuró cuatro de sus siete factorías, entre ellas la citada de Alicante, ya que es «incapaz de suplir la producción suprimida».
«Vamos a luchar hasta el final para que la planta se reabra porque la sentencia dice que se debe readmitir a los trabajadores en sus puestos originales, y eso sólo es posible si se recupera la producción», ha asegura la secretaria de Acción Social de FITAG-UGT, Rosa Benítez, quien se ha mostrado convencida de que la próxima semana los tribunales también anularán los traslados que se han producido como consecuencia de este ERE. La compañía, sin embargo, ya ha anunciado que no tiene intención de poner en marcha de nuevo la factoría.
En el caso de Alicante, el cierre de la planta implicó la baja o prejubilación de unos 35 empleados -que tendrán que ser reincorporados a raíz de la sentencia del pasado viernes- y el traslado a Valencia de otros 64 empleados.
Al respecto, el presidente del comité, José Vicente Salinas, señaló que la planta se encuentra en condiciones para retomar la producción rápidamente ya que, a pesar del tiempo que lleva cerrada, «sólo se ha desmotado una máquina pero la línea principal -la que se encarga de fabricar los botellines de cristal para la hostelería- sigue intacta».
«Aviso a navegantes»
Por otra parte, Benítez también señaló que la anulación del ERE de Coca-Cola Iberian Partners supone todo un «aviso a navegantes» para «todas la empresas que estaban esperando a ver cómo se resolvía la situación para seguir su ejemplo». «La sentencia deja claro que una empresa con beneficios no puede poner en marcha un ERE porque sí, sin explicar la existencia de un plan industrial que demuestre que los ajustes sirven para algo», insistió la sindicalista.
El ERE de Coca-Cola Iberian Partners -la nueva embotelladora única del popular refresco en España surgida de la fusión de las siete compañías regionales existentes anteriormente- supuso el despido o la prejubilación de 821 trabajadores y el traslado de más de 400. La compañía lo argumentó por la necesidad de mejorar su productividad y la «capacidad ociosa» que, según señaló, existía en muchas de esas plantas.
La Audiencia Nacional lo declaró nulo el pasado viernes al entender que no se facilitó a los sindicatos suficiente información de los motivos de los ajustes y al considerar probado que la empresa vulneró el derecho de huelga de los trabajadores durante las protestas que estos realizaron contra los mismos.
