El endurecimiento de las condiciones de vida registrado durante una crisis económica que ya dura siete años ha causado un aumento de la economía sumergida en sectores claves como el turismo. Así, el grado de penetración de los establecimientos de alojamiento ilegales en la oferta turística de la Comunidad Valenciana ha crecido de forma considerable en los últimos años. El uso cada vez más generalizado de internet para planear las vacaciones ha sido clave en esta tendencia.
Segundas residencias que se alquilan mediante páginas de intercambio inmobiliario, habitaciones sin utilizar en casa que se ofrecen a visitantes de todo el planeta... el número y tipo de lugares donde descansar que no están regulados -y no tributan impuestos- es variado y amplio. Y en la actualidad concentran ocho de cada diez pernoctaciones turísticas de la Comunidad Valenciana.
Así lo atestiguan los datos del último informe sobre coyuntura turística elaborado por Caixabank, que cifra en más de 183 millones las pernoctaciones registradas al año en Castellón, Valencia y Alicante. Más de 145 millones -79% del total- tienen lugar en establecimientos que escapan al marco legal y a los impuestos.
Las cifras registran una mayor consideración si estudiamos los datos pertenecientes a los establecimientos que sí cumplen las normativas. Los hoteles acogieron 24 millones de pernoctaciones y los establecimientos de alojamientos extrahoteleros legales más de 13 millones: 37 millones en total. Las cifras son muy inferiores a las de los alojamientos alejados de los cauces del mercado.
Al tratarse de negocios que no son controlados por las autoridades, contar con cifras que definan el alcance real de este tipo de establecimientos es bastante difícil. Sin embargo, los agentes del sector turístico manejan estimaciones de plazas y empresas. Así, defienden que por cada alojamiento que sí cumple con las normativas en la actualidad existen cinco negocios alejados de las leyes.
Teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana concentra más de 36.000 apartamentos turísticos legales, las estimaciones del sector dejan entrever la existencia de más de 180.000 establecimientos que no tributan a la Agencia Tributaria. Tomando como referencia una media de 4 plazas por vivienda, la oferta global superaría las 720.000 plazas.
Campañas de control
La proliferación de este tipo de negocios turísticos ya ha encendido las primeras alarmas entre el turismo valenciano. La perdida de clientes por las tarifas más reducidas de los alojamientos ilegales y la merma en la reputación de los destinos por los posibles fraudes son dos de los peligros a los que se enfrenta uno de los motores de la economía valenciana. El ministerio de Hacienda coordinó durante el verano pasado una campaña de control en los apartamentos turísticos de toda España -peinando la costa valenciana- para aflorar estos alquileres «en negro». Y lo ha vuelto a hacer. Inspectores de la Agencia Tributaria han visitado esta semana viviendas de la Safor para controlar la existencia de apartamentos ilegales.
