No se ha cumplido ni siquiera un mes desde que Coepa dio luz verde en un comité ejecutivo extraordinario a la redacción de unos nuevos estatutos para «modernizar la institución». Sin embargo, ha sido tiempo más que suficiente para confeccionar un «primer documento de trabajo» que confirma las sospechas de aquellos que acusaban a la cúpula de la patronal de anunciar un proceso que, en la sombra, se había iniciado mucho antes. El borrador, además, viene a ratificar lo que ya era evidente: la ruptura formal con Cepyme, en un claro intento de acallar las críticas no sólo echando a Cristóbal Navarro de los órganos de decisión, sino dando una cobertura legal a los argumentos que, hasta ahora, han venido utilizando desde el entorno de Moisés Jiménez para silenciar a los empresarios más díscolos. Alguno ya empezaba a calificar ayer este texto simple y llanamente de una «ley mordaza».
De entrada, el cambio estatutario consuma la expulsión del mandatario de las pequeñas y medianas empresas de la cúpula de la patronal, al suprimir la asignación directa de una de las vicepresidencias para el dirigente de las pymes. Con ello, el sector oficialista consigue quitarse de encima a Cristóbal Navarro, que se ha convertido en un auténtico azote para el «núcleo duro» de la patronal. La cosa no acaba ahí. El nuevo texto elimina el punto que, hasta ahora, determinaba que la pertenencia a Coepa conlleva de manera simultánea la pertenencia a Cepyme-Alicante, «siempre que se cumplan los requisitos legales o administrativos que determinen su inclusión en esta clasificación empresarial», según reza el documento todavía en vigor. Queda así más patente ese alejamiento entre las dos confederaciones, aunque, en la práctica, esta cláusula había perdido toda su vigencia, más aún con las fugas de asociados entre una y otra entidad a raíz de la guerra abierta entre el sector oficialista de Moisés Jiménez, y el sector de los críticos, encabezado por Navarro.
El cualquier caso, el intento de neutralizar a Cepyme queda muy claro desde el principio. De hecho, el borrador recoge entre los cometidos que se fija Coepa para conseguir sus fines el de «prestar especial atención a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en función de su especial importancia en la economía de la provincia», entrando así en colisión con los objetivos perseguidos por la organización dirigida en estos momentos por Cristóbal Navarro.
Por si con estos puntos de partida no fuera suficiente, el documento permite que puedan ser asociados no sólo las federaciones y asociaciones, sino empresas, colectivos profesionales y, lo mejor, los autónomos. Hasta la fecha, el marco regulatorio de Coepa hablaba de empresas que, «por ser únicas o en un número restringido, no dispusieran de representación a través de asociaciones o federaciones». A ello, se suma la creación de la figura de «entidades colaboradoras», sean públicas o privadas, abriendo la puerta a una eventual entrada de la Administración, eso sí, con voz, pero sin voto.
No menos significativo es que se haya previsto la redacción de un régimen interno de funcionamiento y, especialmente, una normativa sancionadora para los asociados, que llega a contemplar la expulsión en el caso de infracciones muy graves. Entre ellas, se habla de «la realización de conductas que deterioren gravemente la imagen de Coepa o que sean contrarias a los principios u objetivos de la misma», pero también del incumplimiento del deber de confidencialidad o del impago de cuotas. El mensaje que lanza la cúpula en este sentido es elocuente, y sus destinatarios también, máxime cuando en la última junta directiva el argumento que se le dio a Navarro para dejarlo fuera de la comisión de la reforma de estatutos no fue otro que el de que se querían evitar filtraciones. Entre las graves, mientras tanto, se incluye la «obstaculización» del funcionamiento y las actividades de Coepa destinadas a la consecución de sus finalidades, en otro aviso que no ofrece lugar a dudas, dirigido especialmente a los críticos. No en vano, se apunta a que uno de los deberes de los asociados es mantener la confidencialidad en las cuestiones previstas en los estatutos o en el reglamento de régimen interno que se debe elaborar, al igual que en aquellos supuestos que determinen los órganos de gobierno. Especial hincapié en ese deber de confidencialidad se hace para el comité ejecutivo.
También cambia la composición de los órganos de gobierno, y se opta por un sistema de listas cerradas para las elecciones. La junta directiva tendrá entre 20 y 40 vocales, cuando ahora había hasta 60, y se da legitimidad a la figura del invitado. El comité ejecutivo pierde tres vicepresidentes y se queda con dos, y desaparece el contador.
La figura del presidente, asimismo, sale reforzada, con gestos como el del mandato ilimitado, ya que se suprime la limitación de ocho años. Paralelamente, se crea el estatuto del expresidente, que permite que los antiguos mandatarios puedan asistir a la asamblea general y a la junta directiva, y participar con voz, aunque sin voto. Finalmente, se habla de la necesidad de convocar la asamblea general ordinaria en el primer cuatrimestre del año.
En principio, está previsto que esta reforma de los estatutos pase por una asamblea extraordinaria que se celebrará en la primera quincena de julio, si no hay imprevistos de última hora. Ese primer documento de trabajo ya ha comenzado a distribuirse entre los asociados, para que hagan sus aportaciones y sugerencias hasta el 20 de junio. A partir de ahí, el texto pasará por el comité y la junta.
