La Audiencia Nacional ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que puso en marcha Coca-Cola Iberian Partners y que supuso el cierre de cuatro de sus plantas, entre ellas la de Alicante, y el despido o la prejubilación de 821 trabajadores (unos 30 en la provincia), que ahora tendrán que ser readmitidos. La empresa, además, deberá pagarles los salarios que hayan dejado de percibir durante estos meses.

El fallo no incluye, sin embargo, a los empleados que fueron trasladados -más de 300 en todo el país y unos 60 en la provincia- que deberán esperar al juicio específico que se celebrará por esta causa el próximo 24 de junio. No obstante, desde FITAG UGT, señalaron que «lo lógico» es que el resultado sea el mismo ya que los argumentos para recurrir esta medida son idénticos a los que han permitido anular los despidos y la separación de ambas causas se debe a una mera «cuestión procedimental».

En cualquier caso, el presidente del comité de empresa de Coca-Cola en Alicante, José Vicente Salinas, se ha felicitado esta mañana por el fallo y confía en que la compañía reaccione y acepte negociar de nuevo e incluso reabrir la factoría. «Es una decisión suya, pero lo que está claro es que tienen que readmitir a los compañeros en Alicante y, aunque no les den trabajo, tendrán que pagarles en sueldo todos los meses», ha asegurado, visiblemente emocionado. «Está claro que el día 24 va a pasar lo mismo con los traslados», insistió.

De esta forma, la Audiencia Nacional ha estimado en parte los argumentos de los sindicatos y considera, en primer lugar, que la compañía incumplió con su deber de informar a los trabajadores de que formaban parte de una nueva empresa cuando se produjo la fusión de las siete embotelladoras regionales que dieron pie a la creación de Coca-Cola Iberian Partners, la nueva embotelladora única del popular refresco para toda España desde el año pasado.

Además, también reconoce que la firma no proporcionó toda la información solicitada por los representantes de la plantilla durante las negociaciones relativa a los planes económicos e industriales de la empresa, lo que impidió que éstas se desarrollaran en igualdad de condiciones. «Esa información sí era relevante para valorar las causas y negociar sobre la posibilidad de evitar o reducir los despidos y sus efectos, por lo que esa omisión informativa sí se anuda a la consecuencia de la nulidad del despido», recalcan los magistrados.

Por último, el fallo también reconoce que la empresa vulneró el derecho de huelga de los trabajadores durante las protestas que estos protagonizaron en febrero contra el ERE -la compañía distribuyó mercancía de otras factorías en Alicante y Madrid para suplir la producción de las plantas que estaban paradas-, lo que también adulteró el resultado de las negociaciones.

Coca-Cola Iberian Partners ya ha anunciado que recurrirá la decisión, que califica de incomprensible, y señala que sólo contribuirá a prolongar de forma «innecesaria» el proceso de reestructuración de la compañía.