La dirección de Coca-Cola Iberian Partners también vulneró el derecho a la huelga de los trabajadores de la planta de Alicante durante las protestas que éstos protagonizaron el pasado mes de febrero contra el ERE puesto en marcha por la compañía y que ha supuesto el cierre de la fábrica. Al menos así lo cree la Inspección Provincial de Trabajo, que ha decidido abrir un expediente por «infracción muy grave» contra la firma, según la comunicación que este organismo acaba de remitir al sindicato FITAG-UGT y a la que ha tenido acceso este diario.
De esta forma, Trabajo da la razón al comité de empresa, que denunció que la compañía estaba sustituyendo a los empleados en huelga -algo prohibido por la ley- mediante diversas prácticas, como el reparto de mercancía llegada de otras provincias para reemplazar a la que dejó de producirse en Alicante, o la utilización de las terminales de los comerciales que secundaron el paro para continuar con la gestión de los pedidos de clientes.
Este expediente se suma a los que también ha abierto el organismo dependiente del Ministerio de Empleo contra la embotelladora en Madrid y Palma de Mallorca tras detectar el mismo tipo de irregularidades. La sanción por cada uno de ellos podría superar los 180.000 euros, según el máximo establecido por la ley para estos casos.
«Para nosotros supone una victoria moral muy importante porque deja claro que la compañía no actuó con honestidad durante la negociación del ERE y la huelga. Además, en nuestro caso, será una prueba fundamental en la demanda que hemos puesto en los tribunales para exigir que se devuelvan los salarios que se dejaron de abonar durante la huelga y que basamos, precisamente, en que se vulneró el derecho de los trabajadores a protestar», señaló ayer el secretario general de FITAG-UGT en l'Alacantí-la Marina, Joaquín Gil.
La noticia llega, además, un día después de que quedara visto para sentencia en la Audiencia Nacional el primero de los dos juicios que los trabajadores de Coca-Cola Iberian Partners han presentado a nivel nacional para impugnar el citado ERE, que ha afectado a más de un millar de trabajadores en todo el país y ha implicado el cierre de cuatro de las siete plantas embotelladoras del popular refresco que existían en España hasta la fecha.
Fue el pasado mes de febrero cuando los trabajadores de la planta de Coca-Cola en Alicante decidieron iniciar una huelga indefinida tras conocer las intenciones de la compañía de desmantelar las líneas de producción y mantener únicamente una delegación comercial en la zona. Desde un primer momento, la plantilla denunció que los directivos de la factoría estaban asumiendo las tareas de los comerciales que habían decidido secundar el paro y, a los pocos días, se supo que la compañía estaba abasteciendo a sus clientes con mercancía que traían desde otras plantas que no estaban en huelga en Andalucía y Cataluña. Una práctica que, según los sindicatos, equivale también a sustituir a trabajadores en huelga.
Requerimientos
Así parece entenderlo también la Inspección de Trabajo, que ya durante el mes que duró la protesta realizó hasta dos requerimientos a la compañía para que cesara en estas prácticas. Ahora, «tras las actuaciones practicadas se constatan los hechos denunciados», según la Inspección, por lo que se extiende «acta de infracción muy grave en materia de relaciones laborales».
Desde la compañía restaron ayer importancia a la decisión de la Inspección de Trabajo asegurando que aún no es firme y anunciando la presentación de alegaciones. En este sentido, Coca-Cola Iberian Partners defendió su derecho a gestionar el stock como considere «más adecuado» que es lo que, en su opinión, se hizo durante la huelga y señaló que, «en ningún caso se aumentó la producción ni se puso en marcha ningún nuevo turno para suplir las fábricas que pararon».
LA CLAVEBajas y traslados
Tras un mes de huelga sin que la compañía reculara en su intención de cerrar la fábrica, el 100% de los trabajadores de la planta de Coca-Cola en Alicante acabó acogiéndose a las prejubilaciones, traslados y bajas incentivadas que la compañía ofreció dentro del proceso del ERE. Una parte de los trasladados ya está desempeñando sus nuevas tareas en la factoría de Quart de Poblet, en Valencia. Los trabajadores confían en que la Justicia obligue a la compañía a renegociar todo el ERE desde cero.
