Los exdirectivos de Caixa Penedès se convirtieron ayer en los primeros responsables de una caja de ahorros en ser condenados por los abusos cometidos durante su gestión desde que estallara la crisis económica que ha provocado la práctica desaparición de estas entidades. Eso sí, ninguno de los cuatro acusados en esta causa llegará a entrar en prisión después de que el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia aceptara rebajarles las penas tras haber aceptado su culpabilidad y haber devuelto los 28,6 millones de euros de las pensiones que se adjudicaron de forma irregular.

Así, la sentencia establece dos años de cárcel para el exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès, y tan sólo uno para los exejecutivos Joan Caellas, Santiago Abella y Manuel Troyano a pesar de que el fallo reconoce que su conducta fue «maliciosa e insidiosa».

Vázquez Honrubia tomó esta decisión en contra del criterio del fiscal, que mantuvo su petición de pena de prisión de 3,5 años para Pagès y de 3 años para los otros tres acusados porque su reconocimiento demuestra que «la Fiscalía tenía razón», y que engrosaron sus pensiones contratando pólizas de seguros a espaldas de los órganos de administración y control de la caja.

Pese a que su conducta ha sido «maliciosa e insidiosa» y por «una serie de procedimientos engañosos» y «burlando» los controles de los órganos de la entidad los cuatro exbanqueros antepusieron sus intereses «en perjuicio de la sociedad», el juez considera que concurre una atenuante de reparación del daño y reconocimiento de los hechos.

De esta forma, les condena sólo por un delito de administración desleal y no apropiación indebida como pedía el fiscal. «Se restaura el orden jurídico y se compensa a la víctima, por lo tanto se han sometido a la ley y al derecho y esto tiene que tener su traducción en una reducción de la pena impuesta», estima el magistrado, que añade que concurre una atenuante muy cualificada porque «es realmente anómalo que en este tipo de delitos se repare el daño». A pesar de sus discrepancias, la Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que no recurrirá la decisión, que también rechazaba el FROB.