Los proveedores de bienes y servicios de la Generalitat y sus organismos autónomos tendrán que presentar sus facturas por Internet a partir del próximo 1 de julio. De lo contrario, no cobrarán. Así las cosas, la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, tal y como se establece en la ley de acompañamiento a los presupuestos del Consell, se adelanta seis meses al ministro Montoro, que ha impuesto la obligatoriedad de las facturas electrónicas desde enero de 2015. Con ello, no sólo se busca reducir costes administrativos, sino también evitar las facturas en los cajones, así como tener un mayor control sobre los pagos, de manera que, al instante, se pueda conocer si el proveedor en cuestión no ha pagado un determinado impuesto o si son las administraciones las que mantienen una deuda con el suministrador de un bien o un servicio. Por ahora, según apuntan desde la Conselleria, junto al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el Servef, Vaersa o la Sindicatura de Cuentas, ya se han adherido a esta medida otras instituciones, como, por ejemplo, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia, mientras que otras entidades se encuentran en proceso de entrar.
La Generalitat recibe de media al mes unos 4.000 recibos telemáticos, a través de la plataforma de facturación electrónica de la Generalitat -Ge-Factura-, que se puso en funcionamiento en 2011. No obstante, con la obligatoriedad de la medida para las personas jurídicas, las previsiones del departamento de Juan Carlos Moragues apuntan a que estas cifras se multiplicarán por diez.
Por otro lado, la presentación vía Internet supondrá también el registro automático de cada uno de los recibos, con lo que, como novedad, se establecerá una conexión directa entre el sistema Ge-Factura y el Registro Único de Facturas (RUF). Este enlace automático, en cualquier caso, no sólo tendrá incidencia en el funcionamiento interno de la Generalitat, sino que incorporará en breve la posibilidad de que el proveedor pueda conocer en cada momento el estado en el que se encuentra la tramitación del abono, y si está registrado, ya se ha reconocido la obligación de pago, se ha abonado, se ha anulado o simplemente se ha devuelto. De hecho, desde la Conselleria de Hacienda inciden en que el RUF se convierte así en la pieza central de la gestión de las facturas, frente a lo que ocurre en estos momentos, cuando sólo se ocupa de registros y devoluciones.
La generalización de la factura electrónica se suma a otras actuaciones similares para profundizar en la «eficiencia» del gasto público, según subrayan desde Hacienda, como la creación de la Central de Compras en enero de 2012, la creación de la plataforma Ge-Compras para las contrataciones realizadas mediante la propia Central de Compras, y la utilización de otros medios electrónicos para avanzar en la Administración «sin papel».
Sin ir más lejos, a través de Ge-Compras se impulsó el año pasado la primera subasta electrónica para el suministro de papel, con la que se logró un ahorro cercano al 30% sobre el precio de salida, lo que se tradujo en 450.000 euros menos, según la Generalitat. Con este sistema, se eliminó la presentación de documentos en papel, se sustituyó la firma manuscrita por la electrónica y la presentación de sobres en el registro físico se cambió por la del registro electrónico.
Paralelamente, este mes se ha hecho la primera licitación electrónica de un concurso a través de esta plataforma, concretamente, para la contratación de forma centralizada del suministro de la energía eléctrica para la Generalitat, hasta el punto de que, desde la Conselleria, indican que, con esto, la Comunidad se ha convertido en la autonomía pionera en disponer de un sistema de contratación pública electrónica.
La intención del Consell ahora es seguir avanzando en la licitación electrónica, que, según la ley de acompañamiento, también deberá entrar en vigor el 1 de julio. La medida busca reducir la carga administrativa para las empresas, facilitar el acceso a nuevos licitadores y especialmente a las pymes para aumentar la concurrencia competitiva, evitar desplazamientos innecesarios, reducir los costes de presentación de ofertas y acortar los plazos, ya que las comunicaciones de la Administración se hacen a través de una notificación electrónica de la plataforma Ge-Compras. Como contrapartida, la Administración tendrá un mayor control y seguimiento de los expedientes, y ganará celeridad y eficiencia en la gestión, así como transparencia y accesibilidad.
