Domingo Parra, exconsejero delegado del Banco de Valencia, ocultó a los órganos de gobierno de la entidad financiera que el 24 de mayo de 2011 la empresa había llegado a un «compromiso» con «la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por el que contrae la obligación de comprar el crédito que en esa fecha la caja referida concedía» a Polaris World por importe de 17,3 millones de euros, según consta en el acta de la comisión ejecutiva del banco valenciano reunida el 9 de noviembre. El texto, incorporado a la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz, pone de relieve que ninguno de los integrantes de la comisión «tenía conocimiento de tal compromiso adquirido por el consejero delegado... sin autorización» de la comisión «ni menos aún del consejo».
La situación de Polaris sí había sido analizada por la ejecutiva del Banco de Valencia el 10 de mayo, cuando se estudió la necesidad de concederle más financiación. La crisis había situado a la promotora al borde del abismo. La banca acreedora, entre ella el Banco de Valencia, su matriz BFA/Bankia y la también fenecida CAM, creó una compañía -IRM- a la que Polaris traspasó bienes por el 60% de su valor de tasación. Como esa operación comportó que los bancos tuvieran una participación de la compañía -del 10% en el caso del de Valencia-, si ésta entraba en concurso podrían incurrir en grandes pérdidas por la subordinación en el cobro del crédito. Domingo Parra propuso aquel día de mayo -y la comisión ejecutiva lo aprobó- que el pool bancario aportara 145 millones a la compañía para garantizar la subsistencia de Polaris «durante cuatro años más». La financiación que correspondía al Banco de Valencia eran 30 millones. Sin embargo, seis meses más tarde y cuando Parra ya había salido de la entidad los órganos de gobierno del banco descubrieron que también existía el compromiso para comprar la parte concedida por la CAM, 17,3 millones, por lo que el riesgo que la entidad asumió realmente con la operación fue mucho mayor de lo que informó el ejecutivo.
