La hucha de las pensiones cada vez tiene menos dinero guardado y las cuentas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la vista de la evolución de la población que recibe prestaciones sociales (pensionistas y parados) en comparación con las aportaciones de los trabajadores ocupados, comienzan a ser realmente preocupantes. La Comunidad Valenciana ya cuenta con casi tantos beneficiarios de pensiones y de pagas del desempleo (algo más de 1,6 millones de personas) como empleados (1,75 millones, según la última Encuesta de Población Activa).
Los trabajadores valencianos tan sólo representan un tercio de los residentes totales en la autonomía (casi cinco millones de ciudadanos), mientras que las pensiones siguen creciendo tanto en desembolso como en número de beneficiarios, tal como constatan las cifras facilitadas ayer por el Ministerio de Empleo. Así las cosas, la Comunidad Valenciana aglutina 935.355 perceptores de pensiones contributivas (quienes reciben una media de 800,9 euros, setenta euros menos que la media de España) tras aumentar un 1,5% en comparación con el mes de mayo de 2013. Además, hay que sumar al grupo de perceptores de pagos públicos por pensiones no contributivas de jubilación e invalidez (casi 50.000 personas).
Si se tiene en cuenta la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana (tanto los del régimen general como el de autónomos), la población valenciana de parados y pensionistas supera ya al de cotizantes al sistema, pues tan sólo 1.571.343 trabajadores valencianos figuran en las altas de afiliaciones del Ministerio de Empleo. Hay que tener en cuenta que las cifras de afiliaciones son siempre menores que las de ocupados que facilita la EPA, lo que explica la bolsa de economía sumergida. Unos 200.000 trabajadores ocupados siguen sin figurar en las listas de altas de la Seguridad Social y por tanto escapan del control de la Inspección laboral.
La proporción entre la población inactiva y los cotizantes también sigue desequilibrada en el resto de autonomías españolas, lo que indujo al Gobierno a la reforma de la pensiones a través de un sistema que ha desvinculado su actualización anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), así como a retrasar la edad de jubilación, de forma progresiva, hasta los 67 años. Las alarmas han sonado este año en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la llamada hucha de las pensiones- que acabó el año pasado con 53.744 millones, un 14,7% menos que a finales de 2012, según el reciente informe de gestión del Ministerio de Empleo.
La Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo 7.982,3 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3,2% más que en el mismo mes de 2013. Con todo, este incremento del gasto es el menor registrado en la serie histórica de los las últimas tres décadas. La pensión contributiva media de jubilación cobrada en mayo supone un 2% más respecto al mismo mes de 2013.
