Los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó desviaron en su beneficio y gracias a la complicidad de la excúpula de la CAM fondos de los que una buena parte correspondían a la caja por los negocios hoteleros que compartían en el Caribe. Un saqueo que no hubiera sido posible sin la connivencia de los responsables de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la filial de la entidad financiera con la que se constituyó la participada Valfensal para poner en marcha los hoteles. Al frente de TIP se encontraban el entonces director general de la CAM Roberto López Abad y su responsable de inversiones inmobiliarias Daniel Gil, ambos encausados junto a los empresarios por estos hechos, mientras que los miembros de su comisión de control, que presidía el empresario murciano Juan Ramón Avilés, están imputados en otro de los procesos abiertos por la gestión de entidad como responsables a título lucrativo por cobrar sin ejercer control alguno.
Un detallado informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción confirma los indicios que fueron denunciados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como administrador de la CAM sobre las presuntas maniobras fraudulentas de los conocidos empresarios. Unos hechos perpetrados, según todos los indicios, en colaboración con los exresponsables de TIP y en ese momento socios en la aventura empresarial de la entidad de ahorros en el Caribe.
La actuación del FROB dio pie a la apertura de una pieza en el marco de la cual el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez acordó a finales del pasado año la prisión provisional para los empresarios y para los dos exdirectivos de la caja, situación que todos lograron eludir con el pago de una fianza de un millón y medio en el caso de López Abad y de los empresarios (para los que el juez fijó en principio siete millones por cabeza, cantidad que después rebajó el tribunal al que se recurrió el aval) y de 400.000 euros en el caso de Gil.
El informe de la UCO sobre la documentación intervenida en los registros que a lo largo de esta investigación se han venido practicando concluye que Ferri y Baldó «habrían estado desviando una buena parte de los beneficios obtenidos por la explotación hotelera, beneficios de los que la entidad CAM nunca percibió la parte que le correspondía como propietaria de 30% de la sociedad matriz», de la que el grupo empresarial de Ferri y Baldó poseía en 70% restante.
Los investigadores atribuyen el hecho de que los gestores de la participada TIP «no detectasen ese importante desvío de fondos (...) no sólo a la absoluta falta de control de las cuentas del grupo Valfensal sino también a que en el año 2007 los directivos Roberto López y Daniel Gil, con el fin de evitar que la sociedad auditora KPMG incluyese una salvedad en la auditoría de TIP, permitieron que los empresarios Ferri y Baldó realizasen una auditoría limitada de las cuentas de la sociedad Jacksonport (una mercantil radicada en Curaçao, primero paraíso fiscal y después de baja fiscalidad, donde se desviaban los beneficios de los negocios hoteleros además de simular que era la base de operaciones del grupo, que los investigadores sitúan en España), hecho éste que se prolongó hasta nuestros días y que pudo permitir el encubrir una buena parte de la información contable de esta sociedad».
El informe detalla que, a tenor de las comisiones rogatorias enviadas por el juzgado de Gómez Bermúdez, «ambos empresarios presuntamente habrían detraído una importante suma económica de la sociedad Jacksonport que podría llegar a ascender a los 8 millones de dólares, cantidad a la que habría que añadir los aproximadamente 4 millones de dólares que facturaron a través de la sociedad instrumental Seabrezze en concepto de gestión hotelera».
El posible mismo proceder en otras entidades
El informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre las prácticas de Juan Ferri y José Baldó arroja importantes indicios acerca de que los empresarios hayan podido proceder de igual modo con otras entidades financieras con las que emprendieron aventuras empresariales similares. Tanto Bancaja como el Banco de Valencia realizaron operaciones con los empresarios de Benidorm por negocios superiores a los 500 millones de euros. Entre las posibles líneas de investigación que quedan por seguir se encuentra la de determinar si la operativa de desviar beneficios en perjuicio de las entidades bancarias que concedían la financiación para poner en marcha estos negocios se llevó también a la práctica en las antes citadas. Esta misma semana la Audiencia Nacional ha dado luz verde a la petición de Bankia para que se investiguen los negocios que los empresarios hicieron con Bancaja y con su filial el Banco de Valencia. Unas inversiones radicadas en México a través de la sociedad Grand Coral y que pudieron causar un quebranto de más de 330 millones, según se deprende del auto. Además, la sala considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos, en contra en este caso del criterio de Gómez Bermúdez. El juez rechazó la causa por entender que ni por la cuantía ni por el ámbito geográfico era de su competencia. Bankia decidió denunciar estos hechos al comprobar las similitudes con modus operandi destapado en el caso de la CAM.
