El presidente de Cepyme en Alicante y vicepresidente estatutario de Coepa, Cristóbal Navarro, no está solo en su nueva cruzada contra la patronal alicantina y, en particular, contra el sector más oficialista, representado por su presidente, Moisés Jiménez. Tanto es así que ayer mismo, sólo un día después de que el comité ejecutivo aprobara iniciar oficialmente el proceso de renovación de los estatutos, la federación del metal Fempa no sólo censuró que se haya vetado la presencia de Navarro en ese grupo de trabajo, sino que avanzó que en la junta directiva que, en principio, está previsto que se celebre este mes exigirán que el proceso se abra a todas las organizaciones.
Fempa se ha alineado tradicionalmente en el sector más crítico de la patronal y ya han sido varias las denuncias que ha interpuesto en los tribunales por las cuentas de Coepa, con sentencias favorables para los del metal. Ahora también ha optado por dar un paso al frente y, aunque defiende la necesidad de iniciar un proceso de reforma estatutaria que pueda garantizar la supervivencia de la patronal, sí cuestionan las formas.
Desde la federación del metal se mostraron muy claros: «De ninguna manera se puede apartar a nadie que quiera hacer aportaciones en un proceso tan importante como éste. Tiene que ser un proceso permeable y abierto a todas las organizaciones, y que esté consensuado, en el que todos puedan hacer aportaciones y que se debatan, al margen de que luego se puedan incluir o no en el borrador que acabe pasando por la asamblea», sentenciaron desde Fempa. En esta línea, apuntaron que «lo que no tiene lógica es que, siendo el presidente de Coepa el que designa a las personas que integran el comité ejecutivo, sea este mismo comité el que decida quién está en el comité de trabajo, por mucho que después pase por la junta», y añadieron que «estamos ante una cuestión lo suficientemente importante como para que quien quiera intervenir no pueda hacerlo». Por ello, avanzaron que en estos términos se mostrarán en la junta directiva que se celebrará en lo que queda de mes y que será la encargada de dar la autorización final antes de comenzar de forma oficial con la redacción del nuevo articulado.
Más tibios se mostraron desde otro de los colectivos alineados con el sector crítico, la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme). Su secretario general, Francisco Rovira, simplemente dijo que «debe existir transparencia y democracia», pero, a partir de ahí, se mostró cauto, muy cauto, y señaló que «tendremos que ver qué pasa en la junta directiva que se convoque, la propuesta que se lleva y lo que se decida y, a partir de ahí, decidiremos la posición que tomamos».
