Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) han enviado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la información requerida por los peritos del Banco de España sobre operaciones «irregulares» detectadas en la entidad y que se habrían aprobado por anteriores gestores de las cajas de ahorros que dieron lugar al grupo. La citada información incluye una quincena de operaciones sospechosas que denunció ante la Fiscalía, entre ellas una relacionada con la familia Cotino por un préstamo supuestamente irregular de 35 millones.
Andreu dio el pasado marzo un mes a Bankia para remitir esta documentación, aunque la entidad pidió más tiempo para reunir la ingente cantidad de información, que finalmente aportó la semana pasada, según fuentes jurídicas.
Junto con la documentación, Bankia ha adjuntado un escrito en el que destaca su «máxima colaboración», pero lamenta que BFA y Bankia se hayan visto «obligadas a aportar abultadísima documentación, absolutamente confidencial, que afecta al núcleo mismo de su actividad mercantil y societaria». En concreto, el magistrado reclamó, a instancias de los dos peritos designados que deben elaborar el informe que determinará el futuro de la causa, que identificaran las «operaciones u operativa, de cualquier tipo, con indicios de actuaciones irregulares detectadas por el grupo», y las que la actual dirección de Bankia denunció el pasado verano ante Anticorrupción y otros organismos supervisores o fiscalizadores.
Bankia puso en manos del Ministerio Público quince operaciones «irregulares» que, según fuentes jurídicas, eran básicamente de Bancaja, y algunas de ellas estaban relacionadas con créditos supuestamente irregulares concedidos a empresas de la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, incluido uno de 35 millones a Share Capital para la compra de activos inmobiliarios en Europa del Este.
También exigió un inventario a 31 de diciembre de 2011 de los riesgos refinanciados y los normales reclasificados a subestándar del sector inmobiliario en ajuste de la reformulación de mayo de 2012, tras la intervención, de los estados consolidados de Bankia, petición que extiende también a los riesgos hipotecarios minoristas. En su escrito, el grupo sugiere al magistrado que, si tras el examen que el Juzgado o los peritos realicen de la información remitida, «se alcanzara la conclusión de que alguno o algunos de los documentos no son útiles ni conducentes al objeto de la pericia», no lo incorpore a la causa.
Con ello, se evitará que «puedan ser examinados por cualquiera, dado su contenido reservado, íntimo o confidencial», una confidencialidad que no pertenece a BFA y Bankia, sino también, «y esto resulta especialmente importante, a terceros que nada tienen que ver con esta causa», concluye. BFA y Bankia sostienen que la petición de Andreu puede comprometer tanto sus «derechos más esenciales», como el de defensa, ya que ambas entidades están imputadas en la causa, como su «posición en el mercado, requerida sin la debida motivación ni justificación de su relación con la causa».
