Nada de medidas adicionales y mucho menos de meter más la tijera. Eso es lo que volvió a decir ayer el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, pese a la llamada al orden que acaba de recibir del Ministerio de Hacienda para que presente un plan de ajuste por haberse desviado un año más del objetivo de déficit. La Comunidad Valenciana tenía que haber cerrado 2013 con un déficit del 1,6% de su Producto Interior Bruto (PIB), pero, al final, se produjo una desviación mayor, de siete décimas más sobre lo fijado, hasta llegar al 2,33%, lo que supone que la Generalitat acabó gastando unos 710 millones más de lo autorizado. Con este escenario de partida, el Consell tendrá que conseguir un ahorro que se sitúa en el entorno de los 1.000 millones de euros, ya no sólo por esos 710 millones de euros, sino porque tendrá que cerrar este año con un déficit máximo del 1%. Sin embargo, Moragues se mostró muy tajante, aunque en los mismos términos en los que ya lo ha venido haciendo: «El esfuerzo ya lo hemos hecho, hemos tocado hueso y ahora la reducción del déficit tiene que venir por la vía de los ingresos», sentenció.

El conseller incluso se vanaglorió de que el departamento de Montoro haya alabado el esfuerzo que ha hecho la Comunidad para ir reduciendo el déficit, aunque esas loas no garantizan que no se vaya a producir ningún tipo de imposición desde Madrid para apretarse más el cinturón. De hecho, Moragues mantuvo en todo momento que ese plan económico-financiero que se debe enviar al Ministerio en el plazo máximo de un mes no recogerá medidas adicionales más allá de lo que se recoge en el presupuesto de este año, y que, en cualquier caso, los desfases se deben corregir por la vía de la «optimización» de los activos y el sector público de la Generalitat, y por la vía de los ingresos.

Como era de esperar, Juan Carlos Moragues se escudó en el sistema de financiación autonómica y apeló ya no sólo a su reforma, a pesar de que Montoro ahora parece que la vuelve a aplazar de forma indefinida, sino a que tenga carácter retroactivo con fecha de 1 de enero de este año o que, en el peor de los casos, se habilite otro instrumento de compensación que garantice los servicios básicos. «Tenemos un déficit de ingresos, no un déficit de gasto», defendió.

La cosa, en cualquier caso, no acabó ahí. Moragues echó un pulso a Madrid y recuperó el discurso de la reivindicación de la deuda histórica, pese a que el Ejecutivo de Rajoy ya dejó claro hace un par de meses que no está dispuesto a reconocer ni ahora ni nunca esos casi 13.500 millones que se adeudan desde 2002, mientras que Extremadura recibirá 84 millones de euros entre 2015 y 2018 por este mismo concepto. «Los valencianos no somos menos que los extremeños y defendemos el principio de igualdad independientemente de donde se viva», afirmó de forma contundente el conseller para, acto seguido, añadir que «defendemos a la sociedad valenciana y la vamos a defender en Valencia, en Madrid, ante Montoro y ante quien sea, porque es nuestra responsabilidad».

La delegada del Gobierno en la Comunidad, Paula Sánchez de León, aprovechó la coyuntura y lanzó un claro aviso a navegantes. Simple y llanamente dijo que «hay unos objetivos de déficit que cumplir», aunque reconoció que eso no tiene por qué ser incompatible con la reforma del sistema de financiación.

Más duro se mostró el portavoz de Economía del PSPV en las Cortes, Julián López, quien puntualizó que «el Consell no debería aceptar ninguna vuelta de tuerca adicional. Al contrario, lo que hay que exigir es una reforma inmediata del modelo de financiación autonómica, y el reconocimiento y la liquidación de la deuda histórica, que ya ha conseguido Extremadura y a nosotros se nos niega». A su juicio, «en vez de más ajustes, recortes y aumentos de impuestos, hace falta poner en marcha políticas de reactivación económica y generación de empleo, y restaurar las prestaciones sociales que el Gobierno de Fabra ha quitado». Mientras, el síndic de Compromís, Enric Morera, no sólo exigió al Consell que se plante para no aplicar nuevos recortes y reclame la deuda histórica, sino que criticó que «la Administración central, en la actualización del programa de estabilidad presupuestaria, ha recortado su objetivo de déficit y no lo amplía a las comunidades, con lo cual, según la lógica neoliberal del PP y su dogma del cumplimiento del déficit, el Consell se verá obligado a hacer más recortes».