Que el Banco Sabadell sea llamado como responsable civil subsidiario al procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por la emisión y comercialización de las cuotas participativas para responder ante los posibles perjudicados por la compra de estos títulos. Este es el planteamiento que la Fundación CAM acaba de hacerle al magistrado Javier Gómez Bermúdez a quien al mismo tiempo pide excluir de la causa, donde se encuentra con esta misma consideración, a la entidad nacida de la extinta caja de ahorros que en la actualidad tiene la encomienda de velar por el patrimonio de lo que fue su Obra Social.
En un argumentado escrito que al ultimas horas de la mañana de ayer se presentó en el juzgado que dirige Gómez Bermúdez, el representante legal de la Fundación mantiene que la emisión y comercialización de las cuotas participativas (donde cerca de 55.000 clientes de las CAM vieron atrapados sus ahorros ) benefició en exclusiva al negocio financiero de la caja, negocio con el que posteriormente se hizo el Banco Sabadell por el módico precio de un euro después de que fuera sanead0 por el Fondo de Garantía de Depósitos con una inyección de 5.200 millones. Y agrega que ha de ser el banco catalán «quien debe hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria derivada de los posibles perjuicios causados por eventuales delitos de estafa en la comercialización de las cuotas participativas, preferentes y deuda subordinada». El letrado apostilla que con el llamamiento del Sabadell a la causa se busca también evitar situaciones de indefensión a la entidad.
Echando mano de un informe elaborado por inspectores del Banco de España a instancias del juez, que sitúa las irregularidades en la fase de comercialización de los títulos y no en su emisión, se insiste en que la CAM cumplió con todos los requisitos previos a la salida de las cuotas y que fue «en fases posteriores» donde se sitúan los engaños a los compradores de estos productos. El citado informe, realizado en el marco de la pieza principal en la que está imputada al excúpula de la entidad por el supuesto falseo de las cuentas, se constata la alteración de la imagen fiel de la caja (lo que influía directamente en el valor de las cuotas) en los años 2009 y 2010, es decir, uno y dos años después de la emisión de los títulos, que se produjo en julio de 2008.
En el escrito se explica que el motivo por el que las cuotas no se segregaron al Sabadell fue porque no podían ser asumidas por otro tipo de entidad que no fuera caja de ahorros, por lo que califica «mera formalía» que las mantuviera la CAM cuando «están vinculadas materialmente en su valor al negocio financiero». La Fundación, insiste, «sólo es titular de la Obra Social cuyo valor nunca ha referenciado el valor de la cuota por la ausencia de todo componente negocial financiero y de ánimo de lucro». Se apoya aquí en la determinación de Gómez Bermúdez de no bloquear los bienes de la Obra Social, pese a que haya sido solicitado por el abogado de los afectados en más de una ocasión, y llama la atención sobre el hecho de que destinar este patrimonio de finalidad social a resarcir a los perjudicados por la compra de participativas supondría «un ilegítimo amparo judicial de un enriquecimiento ilícito por parte del Banco CAM», en la actualidad Sabadell. Concluye por ello que «no es la Fundación que se encarga de la Obra Social Caja Mediterráneo quien tiene que soportar los costes de eventuales reparaciones e indemnizaciones a las víctimas que se pueda constatar que hayan existido en los procesos de comercialización. Los beneficios de las conductas hipotéticamente delictivas vinculadas a los procesos de comercialización derivaron en el negocio financiero de la Caja CAM, el cual fue segregado junto con todos sus clientes, proveedores y empleados a favor del Banco CAM», con el que se quedó el Sabadell.
