La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) se mostraron muy críticos ayer con el retraso del Gobierno español en algunas reformas, como la de las políticas activas de empleo y la modernización de los servicios públicos de empleo, así como en la ley de liberalización de los servicios profesionales o la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, no se quedaron ahí y pidieron recortes «considerables» para cumplir con el objetivo de déficit en 2015 y 2016.
En su primer informe de vigilancia tras el fin del rescate bancario, Bruselas y el BCE elogian los progresos de España en la corrección de sus desequilibrios económicos, lo que ha permitido volver al crecimiento y empezar a crear empleo, aunque avisan de que «los todavía elevados niveles de deuda pública y privada y de deuda externa continúan planteando riesgos para el crecimiento sostenido y la estabilidad financiera».
Así, sentencian que «España tendrá que continuar en la senda del ajuste económico durante bastante tiempo para liberarse de las cargas de los desequilibrios existentes y reducir el paro desde los actuales niveles alarmantes». De hecho, consideran que España cumplirá sin problemas este año con el objetivo de déficit del 5,8% -el Gobierno espera bajar incluso hasta el 5,5%-, pero avisan de que «alcanzar los objetivos de déficit del 2015 (4,2%) y el 2016 (2,8%) todavía exigirá considerables esfuerzos adicionales discrecionales».
El informe, de una treintena de páginas, ha sido elaborado por los inspectores que visitaron Madrid entre marzo y abril. Su conclusión es que los riesgos de que España no devuelva el rescate de 41.300 millones de euros para la banca son «muy bajos en estos momentos».
En cualquier caso, los inspectores subrayan que «reabsorber el elevado número de parados exige aplicar plenamente, vigilar de cerca y, cuando sea necesario, reforzar la agenda de reformas estructurales». En esta línea, Bruselas y el BCE lamentan que «la modernización de los servicios de empleo público continúa retrasándose», y añaden que, «además, todavía hay margen para mejorar el vínculo entre la educación y las políticas de mercado laboral».
Por lo que se refiere a la reforma fiscal, Bruselas y el BCE insisten en que «bajar las contribuciones sociales y compensar el impacto en los ingresos con una subida de los impuestos indirectos y las tasas medioambientales y sobre la propiedad tendría efectos positivos sobre el crecimiento». El informe sugiere que las rebajas en las contribuciones deberían concentrarse en los trabajadores menos cualificados con salarios más bajos. El Gobierno ya ha rechazado esta propuesta. El documento indica que «las reformas en marcha de las políticas activas de empleo todavía deben completarse y dar frutos. El paro de larga duración y los desajustes en las cualificaciones complican el reto de reducir el paro de forma sustancial a medio plazo».
Los inspectores piden al Gobierno que refuerce la vigilancia para evitar nuevos retrasos en el pago a proveedores más allá de los 30 días que prevé la legislación, que controle que las comunidades autónomas apliquen la reforma de la Administración pública y la ley de unidad de mercado o que cree un observatorio independiente para evaluar la necesidad y los costes de grandes proyectos de infraestructuras.
En cuanto a la tarifa plana de 100 euros de cotización para los nuevos contratos indefinidos, cuestionan su eficacia porque creen que su resultado será convertir contratos temporales en fijos, «mientras que su potencial para estimular una creación adicional de empleo es más incierto». Es más, avisan de que, en contra de lo que sostiene el Gobierno, esta medida «podría no ser totalmente neutra presupuestariamente».
Respecto a la situación del sector financiero, constatan que «la situación de liquidez y la estructura de financiación de los bancos se ha reforzado todavía más»». Los inspectores piden acelerar los planes de privatización de los bancos que han recibido ayudas públicas «con vistas a optimizar los retornos para los contribuyentes». También avisan de que el banco malo que reúne los activos inmobiliarios de estos bancos se enfrenta a «retos significativos» por la situación económica, aunque «la caída de los precios de la vivienda parece aproximarse a su punto de inflexión y hay señales tempranas de que el mercado inmobiliario se está estabilizando lentamente».
