Más distanciadas que nunca. Así se encuentran en estos momentos las posturas de los representantes de los trabajadores y de la patronal en la negociación del convenio colectivo del sector del metal, que afecta a cerca de 35.000 trabajadores en Alicante, según los datos que maneja la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa). De hecho, las dos partes confiaban en alcanzar un principio de acuerdo en el último encuentro, celebrado hace casi dos meses, el pasado 7 de febrero. Sin embargo, lejos de lograr ese entendimiento, la situación se enfrió y, aunque formalmente no se han llegado a romper las negociaciones, en la práctica parece que así ha sido. La situación ha llegado a tal extremo que Fempa ya se ha fijado como límite el primer semestre de este año para llegar al acuerdo o, de lo contrario, amenaza con ir a los tribunales para pedir el decaimiento del convenio, amparándose en la reforma laboral, y, a partir de ahí, empezar a pactar un nuevo marco desde cero. Mientras, los sindicatos CC OO y UGT también han decidido poner todas las cartas sobre la mesa, y en la jornada de hoy, tienen previsto celebrar una asamblea para acordar los próximos pasos a seguir, entre los que no descartan recurrir a las movilizaciones e incluso a una posible huelga como medida de presión para que la parte económica tenga en cuenta sus reivindicaciones.
El anterior convenio, en vigor hasta 2012, fue denunciado en octubre de ese mismo año. Fue entonces cuando empezó una tensa negociación, con pulsos continuos entre la patronal y la representación sindical, con posturas especialmente enfrentadas en lo que a los incrementos salariales se refiere, y también por lo que hace a la ultraactividad del convenio, es decir, la prórroga expresa del documento hasta que se apruebe otro que venga a sustituirlo.
Desde Fempa siempre han defendido la moderación salarial para garantizar la superviviencia de las empresas y, para ello, han apelado desde el inicio a las directrices que marca el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), hasta el punto de que incluso llegaron a rechazar los incrementos contemplados en el convenio para 2012, lo que suponía un 2% para ese año, a lo que se sumaba un 0,9% por la desviación de ese ejercicio, ante lo que los sindicatos respondieron acudiendo a los tribunales. Asimismo, han mantenido la necesidad de eliminar la ultraactividad o, en todo caso, mantenerla sólo para determinados aspectos, con el fin de evitar situaciones de bloqueo en las negociaciones. También se han mostrado partidarios hasta la fecha de introducir parámetros que vinculen los aumentos salariales a la productividad, que se incorporen criterios retributivos variables en función de los resultados de la empresa, y que se elimine el plus de distancia o la cláusula que determina los viajes por cuenta de la compañía en primera clase.
Mientras, tanto desde CC OO como desde UGT consideran que hay unos mínimos en el convenio que son innegociables, como las revisiones salariales para compensar al menos en parte las subidas del IPC, o la ultraactividad, para evitar imposiciones de la parte económica en sucesivas negociaciones.
Con este escenario de partida, y pese al aviso de que, de continuar enconada la situación, llegarán a los tribunales, desde Fempa hacen una «llamada a la negociación» para desbloquear una negociación, que, según denuncian, se ha utilizado como plataforma para impulsar una «contrarreforma» laboral. La postura es totalmente distinta cuando habla la otra parte: «La solución no pasa por abrir la mesa de negociación eternamente, cuando en todo este tiempo no se ha encontrado ninguna solución y, cuando la sensación que nos queda en estos momentos es que se han agotado todas las posibilidades», sentencia secretario general de Industria de CC OO en las comarcas del sur, Juan José Pastor. «La ultraactividad es en una situación como ésta lo único que nos da cierta estabilidad, y no podemos renunciar a ello», apostilla el secretario general de MCA-UGT del País Valencià, Ismael Sáez, quien se apoya en una sentencia de la Audiencia Nacional, que el año pasado reconoció la prórroga de un convenio pese a superar el límite de un año, en una demanda contra la aerolínea valenciana Air Nostrum.
