Conflicto territorial entre las tres denominaciones de origen de vino de la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Alicante y Utiel-Requena contra la DO de Valencia por incluir en su reglamento como zonas de producción autorizadas varios municipios y comarcas que ya estaban bajo el amparo de las anteriores. En el caso de la provincia esto supone que, por ejemplo, pueda comercializarse como vino de Valencia el producido con uvas del Vinalopó o la Marina Alta, lo que, a juicio de los productores alicantinos, supone un «engaño al consumidor» y una «competencia desleal que puede echar al traste años de trabajo por prestigiar el sector», según fuentes oficiales del consejo regulador.

En el origen del enfrentamiento estaría, según las mismas fuentes, la mayor calidad de las viñas alicantinas y también su menor coste de producción, de lo que se estarían intentando beneficiar algunas grandes bodegas valencianas para mejorar sus caldos y su rentabilidad.

Todo se remonta al año 2011, cuando Valencia decidió incorporar en el listado de zonas de producción adscritas a la DO que incluye su reglamento las citadas comarcas alicantinas y diversos municipios de la zona de Utiel-Requena. La decisión se basó en la existencia desde los años ochenta de un acuerdo privado entre las tres denominaciones para traspasarse excedentes de producción, por lo que ni en el consejo regulador del «cap i casal» ni en la Conselleria de Agricultura entienden el revuelo que ha provocado la medida.

Sin embargo, según los denunciantes, lo que era un pacto para casos puntuales se ha convertido en un intento de anexión en toda regla «que carece de todo sentido» porque rompe con el objetivo de indicación geográfica e información al consumidor que persiguen las denominaciones de origen. Sostienen, además, que se hizo de forma «unilateral» y que, durante los tres años transcurridos desde la aprobación del reglamento, no ha sido posible alcanzar una salida consensuada. También lamentan el incremento de costes que supone esta competencia interna.

Por eso a finales del año pasado decidieron acudir al TSJ para impugnar el documento, lo que significó denunciar a la DO de Valencia y a la propia Conselleria por autorizarlo. El tribunal ha decidido admitir a trámite el recurso y ya ha citado a las partes.

Informes jurídicos favorables

La Generalitat, sin embargo, asegura que su única función en este asunto es publicar el reglamento «tras haber recibido los informes jurídicos favorables y tras haberlo remitido también al Ministerio», según explicó ayer a este diario la directora general de Empresas Agroalimentarias, Marta Valsangiacomo, que no ve ningún problema en que los territorios de las DO se solapen. «Es algo que piden muchas bodegas porque lo ven como una forma de diversificar la comercialización de sus vinos», insiste la responsable autonómica, quien niega que se trate de un intento por unificar las tres denominaciones existentes en una sola.

En cualquier caso, Valsangiacomo sostiene que se trata de «una disputa interna» de las DO y que deberían ser capaces de llegar a algún acuerdo. «No es bueno que se produzcan este tipo de noticias porque el sector está funcionando muy bien y esto no aporta nada positivo», reconoció la directora general.

Desde Vinos de Alicante, por el contrario, insisten en el «engaño» que supone esta práctica para los compradores y critican la actitud del Gobierno autonómico: «No tiene nada que ver una uva monastrell de Pinoso con una bobal de Utiel-Requena, es un disparate», sostienen desde el organismo regulador que agrupa a un total de 38 bodegas en la provincia, que producen más de 10 millones de botellas de vino al año.