La nueva oferta anual obligatoria de electricidad que deberán presentar las comercializadoras tendrá una penalización en caso de que el consumidor desee rescindirla de forma anticipada, cosa que no ocurrirá con el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), en el que el usuario podrá cambiar de comercializadora sin coste alguno.

Esta novedad aparece en el real decreto 216/2014, publicado ayer en el BOE y con el que se establece el nuevo mecanismo de revisión de precios de la electricidad para los consumidores domésticos. La norma indica que, en caso de que el consumidor rescindiera de forma unilateral el contrato con el precio fijo anual antes de su finalización, sufrirá penalizaciones máximas equivalentes al 5 % del precio de la energía pendiente de suministro.

Las ofertas anuales, que se presentan como una alternativa más estable al nuevo mecanismo de precios, deberán anunciarse por parte de las comercializadoras antes del 15 de abri. Además, la norma fija un periodo de adaptación hasta el 1 de julio para la entrada en vigor del nuevo mecanismo de facturación. Al margen de la oferta anual, se facturará en función del consumo realizado conforme a la media del mercado, en el caso de los consumidores con contadores analógicos, o en función del precio de mercado de cada hora, si hay un contador digital. En todo caso, la disposición adicional quinta del real decreto indica que la entrada en vigor del mecanismo para los contadores digitales quedará condicionada a la publicación de una resolución de la Secretaría de Estado de Energía, para la que no se fijan plazos. Dentro de los plazos generales para el nuevo mecanismo se indica que, a partir del 1 de julio, la comercializadoras deberán remitir a cada cliente el contrato para su suscripción con una antelación mínima de un mes. En su artículo 16, el nuevo real decreto establece el descuento para los consumidores del bono social, que será del 25 % con respecto al PVPC. Estos consumidores disfrutarán de una tarifa de último recurso, más ventajosa que la del resto.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) consideró ayer necesario que el Gobierno acompañe la implantación del nuevo sistema con una «campaña de información intensiva» para los usuarios, teniendo en cuenta que la mayoría no contará con un medidor «adecuado» de energía hasta 2019. La CE destacó que el nuevo mecanismo pretende eliminar la regulación de los productos básicos en las facturas eléctricas de los hogares establecida en 2009 y en vigor hasta ahora a través de las subastas Cesur. De esa manera, Bruselas considera que «acerca a los consumidores de los hogares a los mercados competitivos».