El fantasma de la supresión de cámaras de comercio, industria y navegación provinciales se ha alejado, salvando con ello la supervivencia de la institución cameral de Alicante, aunque no tanto así de las de Alcoy y Orihuela. Inicialmente, los primeros borradores de la nueva ley de cámaras daban la facultad de poder definir la organización territorial y los órganos de gobierno a las comunidades autónomas. Se abría con ello la puerta a la eliminación de las entidades de carácter provincial para aglutinarlas en otras de carácter autonómico y, de esta forma, poder reducir costes y frenar el déficit que arrastraban algunas cámaras, especialmente desde que desapareció la cuota obligatoria para los empresarios. La idea, lógicamente, no fue bien recibida, por lo que, finalmente, el PP ha tenido que dar marcha atrás y garantizar la existencia de una cámara por provincia como mínimo, tal y como se recoge en la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que aprobó ayer el pleno del Congreso, para «garantizar la capilaridad, coordinación y vertebración de la red cameral».
El texto regresaba a la Cámara Baja tras las enmiendas que había introducido el Senado al proyecto de ley y salió adelante con el apoyo no sólo del PP, sino también del PSOE, CiU y PNV. Así las cosas, la normativa establece el 31 de enero de 2015 como fecha límite para que las comunidades autónomas puedan adaptar sus respectivas legislaciones, y también se da ese plazo límite para la constitución de la Cámara de Comercio de España, como órgano coordinador de la red cameral en España y en el exterior. De este modo, los mandatos de los presidentes de las cámaras se prorrogarán hasta que se haga efectiva esa adecuación y, por tanto, también el de José Enrique Garrigós al frente de la institución cameral de Alicante, pese a que, en otras circunstancias, el aparato electoral para designar al nuevo dirigente ya se debería haber puesto en marcha hace meses.
Junto al mantenimiento de los órganos de carácter provincial, la nueva ley también da continuidad a la supresión de los recursos camerales permanentes para las empresas, que, lógicamente, y a pesar de ello, podrán acceder a sus servicios y participar en sus órganos de gobierno.
Las vías de financiación para estas entidades vendrán por las aportaciones que voluntariamente hagan los empresarios, por la gestión de fondos europeos o por los servicios que presten las cámaras, sea a través de planes de competitividad, sea a través de planes de internacionalización. De hecho, en la exposición de motivos de la ley se recoge que el Ministerio de Hacienda estudiará el régimen fiscal más favorable para las aportaciones voluntarias que puedan llegar a hacer los empresarios. También se plantea la posibilidad de impulsar un «mecanismo de distribución» de una parte de la aportación voluntaria que las empresas hagan a la Cámara de España, para que ese dinero pueda llegar a las instituciones con sede en el lugar donde estén domiciliadas esas compañías.
El presidente de la Cámara de Alicante, José Enrique Garrigós, se congratulaba por la tarde de los términos en los que se ha aprobado esta nueva ley, que, según destacó, «garantiza la continuidad de nuestra institución y marca la línea que debemos seguir para consolidar su funcionamiento». Tampoco puso mayores objeciones a las fórmulas que se han fijado para obtener liquidez, pese a la supresión de las cuotas obligatorias que tanta polémica despertó en los inicios, y sólo se limitó a señalar que «la financiación llegará por la vía de los planes de competitividad e internacionalización del Gobierno, por la gestión de los fondos europeos, y por todos los productos y servicios que en la actualidad ofrecemos a las empresas de la provincia, entre los que destacan la formación en general, el desarrollo de la Formación Profesional dual, la implantación de la mediación y el arbitraje, y el apoyo a los emprendedores».
No en vano, la lectura que se hacía desde el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio en un comunicado suscrito punto por punto por la institución de Alicante era muy tajante, hasta el punto de ver en esta ley la «recuperación» de la estabilidad institucional, tras los últimos tres años, caracterizados por la indefinición normativa, y los ajustes económicos, organizativos y de personal, según aseguraron, «para anticiparse y adecuarse a la nueva situación». Paralelamente, se comprometieron a la regeneración del tejido económico y a potenciar la innovación, las tecnologías y el emprendimiento.
Y un último dato: durante su intervención, el diputado del PP Celso Delgado recordó en el pleno del Congreso que el 9 de abril se cumplirán 128 años desde la creación de las cámaras de comercio en España, y se mostró convencido de que el nuevo articulado garantizará una existencia mucho más fructífera a estas entidades. «¡Larga vida a las Cámaras!», proclamó. La de Alicante por lo menos sí tiene la supervivencia asegurada de momento; las de Alcoy y Orihuela aún está por ver. El Consell tendrá ahora la última palabra.
