Insuficientes en el mejor de los casos, e ineficaces y abocadas al fracaso según prácticamente todos. Lo cierto es que el paquete de medidas anunciado el martes por el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre el Estado de la nación, no ha dejado a casi nadie satisfecho. Ni a la patronal, ni a expertos, ni mucho menos a los sindicatos. Para muchos, no es más que un rosario amable de promesas que, al final, no tendrán ninguna aplicación práctica y tampoco efecto alguno en la economía real; otros ven positivas las medidas, pero lamentan que no hayan ido más allá; y todos, absolutamente todos, cuestionan que el presidente del Ejecutivo no haya apostado por una reforma estructural del sistema tributario y de la administración para evitar duplicidades, y que tampoco se haya profundizado en la financiación, sobre todo a las pymes.
Sin duda, la medida estrella de Rajoy, la de la tarifa plana de 100 euros al mes en las cotizaciones para contratos indefinidos, es la que más debate ha generado. De entrada, son mayoría los que ven con buenos ojos la medida, aunque con muchos peros, ya sea porque cuestionan cómo se llevará a la práctica, ya sea porque creen que serán muy pocas las empresas que se puedan acoger, por todos los condicionantes que incorpora. El vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, Vicente Llopis, es muy claro al respecto: «La idea es aceptable, pero habrá que estar a su aplicación, porque intuyo que, con los condicionantes que incorpora, creará muy poco empleo o nada», sentencia.
Por su parte, el presidente de Coepa, Moisés Jiménez, es de los que hacen una llamada de atención sobre la insuficiencia de la medida. En esta línea, incide en que «llevamos mucho tiempo reivindicando una bajada general de las cotizaciones y era un compromiso. Esta medida está bien para activar la contratación de trabajadores fijos, pero hay que ajustar mucho más las cotizaciones en general porque incide en los costes y en la liquidez de las empresas, sobre todo de las pymes».
Sin embargo, los más críticos son los sindicatos. El secretario general de UGT de l'Alacantí-La Marina, Óscar Llopis, considera que «esta medida estrella está hecha a la medida de los empresarios porque, al finalizar los tres años, pueden utilizar un despido más fácil y barato», y lamenta que «la efectividad va a ser cero, y la bonificación no se va a aplicar a todas las cotizaciones, sólo a las de contingencias comunes, pero se tendrán que pagar íntegras las partes de FP, desempleo y el Fogasa».
Su homóloga en CC OO, Consuelo Navarro, incluso va más allá y denuncia que «la tarifa plana, desde luego, no es una medida que vaya a crear empleo y, sin embargo, va a reducir los ingresos de la Seguridad Social. De hecho, el PP ya puso en marcha el contrato de emprendedores con bonificaciones y en 2013 sólo se firmaron 1.829 contratos». En esta línea, según los cálculos que maneja la organización, la Seguridad Social podría perder 7.359 euros por cada contrato. Por ello, a su juicio, la solución pasa por impulsar políticas activas de empleo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, sobre todo, por la reforma fiscal.
No en vano, parece que todos coinciden en la necesidad de cambiar el sistema impositivo español. La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante, y también vicerrectora de Investigación, Amparo Navarro, apunta que «necesitamos una mayor coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, porque no se pagan los mismos impuestos en cada territorio, y también hay que tener muy presente el principio constitucional de capacidad contributiva». Al mismo tiempo, pone el acento en que «sería bueno que se siguieran potenciando los beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades para la investigación y el desarrollo, para que las empresas inviertan más en este capítulo».
En cualquier caso, el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández José María Gómez Gras apostilla que «estoy totalmente de acuerdo con las reducciones impositivas y de las cotizaciones, pero eso se tiene que acompañar por la reforma energética y de la administración, y por políticas de I+D+i y de telecomunicaciones y logística, y también es básico que se impulsen medidas para lograr la unidad de mercado que, además, posibiliten la economía de escala».
Otro de los puntos que más consenso levanta es el de la financiación. El presidente de Cepyme-Alicante, Cristóbal Navarro, recuerda que, «hasta ahora, hemos visto que cualquier paquete de leyes de fomento de la financiación sirve para todo menos para las pymes», y precisa que, «mientras no se exija un porcentaje determinado de los balances de los bancos para que se destine a las pymes, sobre todo en el caso de las entidades intervenidas, la banca seguirá sin dar créditos».
También el vicepresidente de Fundesem y socio de la consultora Pragma GP, Miguel Rosique, hace hincapié en la financiación, pero desde otra vertiente: «Capitalizar la deuda es muy importante porque puede dar viabilidad a las empresas, y también puede serlo la modificación de la legislación de capital riesgo para que haya beneficios fiscales por invertir en pymes», puntualiza.
