Si hace unos días era la empresa la que daba por zanjada anticipadamente la primera reunión convocada para negociar el ERE de Coca-Cola en una demostración de fuerza, ayer fue el sindicato mayoritario, UGT, el que enseñó los dientes y se levantó de la mesa exigiendo la retirada del actual expediente como paso previo a cualquier posible acuerdo sobre un ajuste en la compañía. Toda una declaración de intenciones por parte de los trabajadores, que están dispuestos a jugar duro para evitar el cierre de cuatro de las 11 plantas embotelladoras que actualmente tiene la empresa en España -entre ellas la de Alicante-, que supondrá la supresión de más de 1.250 empleos.
«Nosotros estamos dispuestos a sentarnos y a negociar un plan industrial a largo plazo para la compañía e incluso aceptaríamos recortes de personal si se realizan mediante procesos voluntarios, pero no vamos a aceptar hacerlo con la espada de Damocles pendiente sobre nuestra cabeza, con la obligación de alcanzar un acuerdo antes del día 21 porque, de lo contrario, la empresa aplica el ERE actual a rajatabla», explicaba ayer el presidente del comité de empresa de la planta de Alicante, José Vicente Salinas, uno de los empleados que participó en el encuentro.
Tras el plantón de UGT, que tiene siete de los 13 representantes de los trabajadores en la mesa, durante unas horas se corrió el riesgo de que las negociaciones quedaran definitivamente rotas pero, después de varios cruces de llamadas, el sindicato finalmente aceptó un nuevo encuentro fijado para las 9.30 de hoy. Por su parte, CC OO, que tiene otros cuatro representantes, también anunció un «aumento de la conflictividad» ante la falta de acuerdo.
Mientras tanto, desde la compañía -Coca-Cola Iberian Partnerts- realizaron ayer un «llamamiento a la reponsabilidad» de los sindicatos y reiteraron, a la vez, su «voluntad de negociar las condiciones» del ERE, que considera totalmente «necesario» y «justificado», al igual que el cierre de las cuatro plantas. Así, la empresa recordó que ha puesto sobre la mesa medidas paliativas para reducir el número de despidos, como la posibilidad de realizar 350 prejubilaciones o de ofrecer unos 500 traslados a las factorías que seguirán funcionando y que, de hecho, tendrán que aumentar su producción.
En el caso de Alicante, por ejemplo, la empresa sostiene que ofrecerá hasta 90 traslados a la fábrica de Valencia, que prácticamente duplicará su producción. Los sindicatos, sin embargo, sostienen que no hay ninguna garantía de que la firma cumpla su palabra y, además, consideran un «sinsentido» que se obligue a desplazarse a esas 90 familias cuando la planta alicantina es rentable, algo que reconoce la propia empresa que, sin embargo, asegura que ahorrará 27 millones concentrando la producción.
Fusión de embotelladoras
El origen de todo el conflicto está en la fusión en una sola compañía de las siete embotelladoras regionales que hasta ahora convivían en España y que se ejecutó el año pasado. La nueva firma alega que la superposición de las siete compañías ha dado como resultado muchas duplicidades en departamentos administrativos y que tampoco tiene sentido mantener todas las fábricas en funcionamiento cuando ninguna está al 100% de su capacidad. Los trabajadores de Coca-Cola, sin embargo, no están dispuestos a sacrificarse cuando la nueva empresa sigue registrando beneficios multimillonarios.
En cuanto a la huelga indefinida que los empleados de la planta de Alicante mantienen desde el pasado lunes, ayer el comité de empresa denunció en Trabajo las «presiones» que están recibiendo los trabajadores del departamento comercial para que vuelvan a sus puestos de trabajo. Igualmente, pusieron en conocimiento de las autoridades que la compañía está recurriendo a distribuidores de otras partes de la provincia -en concreto de Petrer- para abastecer a algunos establecimientos de la capital lo que, a su juicio, vulnera el derecho de huelga ya que supone sustituir a los trabajadores habituales que realizan estas tareas por otros. La Inspección de Trabajo se comprometió a actuar hoy mismo. Preguntados sobre esta cuestión, portavoces oficiales de la compañía reiteraron su «respeto escrupuloso con el derecho de huelga de los trabajadores y con la legalidad».
