La batalla continúa. Los trabajadores de la embotelladora vuelven a salir a la calle en el segundo día de huelga indefinida convocada contra la decisión de la empresa de cerrar las instalaciones. El paro no pierde fuelle tras una jornada, la de ayer, en la que los trabajadores lograron paralizar la producción y la distribución del popular refresco -al menos en el área de la capital de la provincia-. Todo para evitar un cierre que se inscribe dentro del ERE que la nueva embotelladora única de Coca-Coca para España y Portugal -Coca-Cola Iberian Partners- ha planteado a nivel nacional y que supondrá también la clausura de otras tres factorías y la supresión de 1.250 empleos, 110 de ellos en Alicante.
Según el presidente del comité de empresa, José Vicente Salinas, el 100% de los trabajadores secundaron la protesta y buena parte de ellos se concentró desde seis de la mañana en la puerta de la factoría para impedir la salida de camiones y escenificar su repulsa con carteles en los que se podían leer lemas como «La fábrica de la infelicidad», «La chispa de la vida nos despide» o «La fórmula es ganar más», en alusión a varios eslóganes utilizados por la marca.
Las muestras de apoyo por parte de los cientos de conductores que cada día pasan por la carretera de Ocaña de Alicante fueron numerosas y muchos de ellos tocaban el claxon a su paso por la fábrica en señal de solidaridad. Sobre la una del mediodía los trabajadores cortaron el tráfico durante una media hora.
Mientras esto ocurría en la puerta de la planta, otro grupo de empleados se dirigió hasta el polígono del Pla de la Vallonga, donde se encuentra la sede de la subcontrata encargada de la distribución del refresco en Alicante, Codisbegan, con la que ya se había pactado que no habría reparto, según Salinas, que reconoció que la situación en otras zonas de la provincia era distinta ante la imposibilidad «de controlar todos los centros de distribución».
El presidente del comité reiteró su rechazo frontal al ERE y al cierre de la planta, que considera «absolutamente injustificado en una empresa que gana cientos de millones», y confió en que la compañía reconsidere su posición en la reunión que mañana se celebrará en Madrid para continuar con las negociaciones del ERE. Al respecto, José Vicente Salinas aseguró que, frente a lo que sostienen portavoces oficiales de la compañía, la empresa no ha ofrecido ningún compromiso formal para recolocar a todos los trabajadores de la planta de Alicante en Valencia, donde se aumentará la producción, y dudó de que existan plazas para todos los afectados ya que en la factoría de Quart de Poblet también deberán recolocar en las líneas de producción a casi 80 trabajadores de su propio departamento administrativo, «que desaparece». «El objetivo es evitar el cierre de una planta que es rentable», insistió Salinas.
Por su parte, la empresa mostró ayer su «respeto al derecho de huelga de los trabajadores» aunque señaló que «no es la mejor forma de mostrar que quieren negociar». Igualmente, reiteró que la decisión de cerrar la planta de Alicante «ya está tomada y totalmente justificada» ante el exceso de capacidad que suman las actuales 11 factorías de la firma, según explicaron desde la firma.
Un boicot por barrios
Mientras, el boicot al consumo de Coca-Cola que se ha difundido a través de las redes sociales, fomentado por los propios trabajadores, tuvo una acogida irregular. Los carteles sumándose a la protesta fueron más habituales en los bares y cafeterías de los barrios de la ciudad de Alicante, como Campoamor o San Blas -donde algunos propietarios reconocían sin rubor que se habían pasado a Pepsi-, mientras que en el centro de la ciudad apenas tuvo repercusión. En cualquier caso, a unos y otros la huelga les ha ocasionado problemas de logística ya que se han visto obligados a hacer acopio de existencias. Los más despistados andaban ayer buscando algún distribuidor independiente o alguna bodega donde quedaran botellines.
En la parte institucional, representantes del comité de empresa se reunieron ayer con la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, quien les mostró su apoyo aunque horas antes había reconocido a la prensa la dificultad de mediar ante una compañía de las dimensiones de Coca-Cola. Por su parte, desde la Generalitat aseguraron ayer que tienen intención de «reunirse con los responsables de la empresa para mediar en el conflicto y conseguir que la empresa reconsidere su decisión de cerrar la planta».
