29 de enero de 2014
29.01.2014

El déficit se descontrola, rebasa el límite y enfrenta al Consell a recortes y sanciones

La Comunidad supera el 2% de desfase y, a falta de contabilizar el último mes de 2013, se gastó 2.000 millones más de lo que ingresó - Entre todas las administraciones del Estado suman un desajuste de 5,44%

29.01.2014 | 14:32

La ley de estabilidad presupuestaria fija las reglas de gasto de todas las administraciones y dedica un capítulo a medidas preventivas, correctivas y coercitivas para garantizar que las comunidades cumplan con los objetivos de austeridad. El camino de eventuales multas y una hipotética intervención tiene seis etapas.

La ley establece un mecanismo de alerta temprana: la formulación de una «advertencia» que permitirá que se anticipen medidas de corrección si se ve riesgo de incumplimiento. La decisión se tomará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si finalmente la comunidad incumple los objetivos, estará obligada a presentar un Plan Económico Financiero o de Reequilibrio. Es lo que tendrá que hacer la Generalitat. El ministerio vigilará el cumplimiento y si observa desviaciones, remitirá un «requerimiento». El Consell, sin embargo, ya rebasó esa fase respecto al Plan de Reequilibrio al que ya está sometido tras incumplir el déficit de 2012. A finales de noviembre Hacienda lo conminó a tomar medidas. Si no se corrige la situación, se abre la vía a «medidas coercitivas». Es lo que se desprende de haber rebasado en noviembre el tope de déficit para el año.

La primera medida coercitiva es obligar a la comunidad a adoptar en 15 días un acuerdo de no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento. Además, el Estado puede recuperar las competencias normativas sobre los tributos cedidos para subirlos.

Si lo pide el Gobierno, la región incumplidora deberá constituir un depósito equivalente al 0,2 % del PIB (200 millones). Podrá anularlo si aplica las medidas.

Si en tres meses no se aplican las medidas correctoras, el depósito no devengará intereses. Si tras otros tres meses, persiste la situación, podría convertirse en una «multa coercitiva».

Si las medidas anteriores no se adoptan o resultan insuficientes, el Gobierno podrá enviar, bajo supervisión del Ministerio de Hacienda, una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria. Los «hombres de negro» tendrán acceso a toda la información y presentarán en una semana una propuesta de ajuste. Durante la intervención, la autonomía no podría autorizar créditos ni acceder a los mecanismos de financiación.

Si pese a ello se persiste en el incumplimiento, el Gobierno, por mayoría absoluta del Senado, requerirá al presidente autonómico para obligarlo a cumplir. Podrá dar órdenes a todas las autoridades.

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