La fusión de las antiguas siete embotelladoras regionales de la bebida en España en una sola corporación denominada Coca-Cola Iberian Partner (CCIP) va a tener mayores consecuencias de las previstas inicialmente para Alicante cuando se inició este proceso en febrero de 2013. La empresa avanzó ayer a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores de los once centros de producción que gestiona en el país su intención de cerrar las fábricas de Alicante, Fuenlabrada, Colloto (Asturias) y Palma de Mallorca como eje principal de su estrategia de reducción de costes «para hacer frente a las necesidades y exigencias del mercado actual» que están «comprometiendo la viabilidad de la empresa», como declaró al compañía en un comunicado que hizo llegar a sus trabajadores. Además, Iberian Partners, que ya adelantó a principios de mes su propósito de despedir, trasladar y modificar condiciones de trabajo en el 20% de su plantilla de 4.200 personas, concretó ayer que 1.250 trabajadores se verán afectados en el conjunto de España, 150 en Alicante, según fuentes sindicales. La plantilla del grupo actualmente llega a unos 4.200 empleados.

La noticia fue un adelanto realizado ayer por los propios negociadores de la compañía a los representantes de los trabajadores cuando se constituía la mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo del grupo, que sentará semanalmente a las partes para discutir las condiciones de traslados, jubilaciones y despidos hasta el próximo 21 de febrero. En la reunión, se entregó un DVD con la documentación económica en que la empresa basa su decisión. En detalle, el ERE contempla la eliminación de 750 puestos de trabajo y la recolocación de 500 empleados en los centros de trabajo que salen reforzados de la fusión (ver noticia vinculada).

Si los términos no se modifican, la fábrica alicantina cesará en pocos meses la actividad que a día de hoy mantiene 150 puestos de trabajo directos y otros 150 indirectos entre «personal comercial y de distribución», según Joaquín Gil, secretario general de la Federación de Agroalimentación de UGT y miembro de la mesa que negocia el ERE. Será también el punto y final a 50 años de historia de una factoría que comenzó a embotellar el refresco en la alicantina carretera de Ocaña a mediados de la década de los 60.

En el escrito dirigido a la plantilla, Coca-Cola justifica la eliminación de casi una cuarta parte de sus estructura en la necesidad de «eliminar duplicidades e ineficiencias» detectadas en el grupo tras la conclusión del proceso corporativo de integración de las embotelladoras. Las fábricas de las que se prescinde pertenecen a las antiguas Asturbega, Cobega (Palma), Colebega (Alicante) y Casbega (Fuenlabrada).

El nuevo rumbo de Coca-Cola España no cuenta con la bebida embotellada en vidrio en la que desde hace algunos años se había especializado la fábrica alicantina. Según cuenta el representante de su plantilla, este producto -mayoritario pero no el exclusivo de la planta- supuso una fuerte inversión de la antigua propietaria, Colebega, y la mejora de la línea había colocado a la fábrica local «como la segunda planta más rentable de Coca-Cola», por lo que «no se comprenden los motivos del cierre», lamentó ayer el presidente del comité de empresa liderado por UGT, José Vicente Salinas.

A lo largo de la mañana se citará a los trabajadores a una próxima asamblea para trasladarles el contenido de la reunión de ayer. «No tengo claro que la empresa vaya a aprobar el cierre con el acuerdo del comité, porque esta fábrica, igual que la del resto de embotelladoras, da beneficio. Si agotamos el mes sin pacto, veremos si la Administración acepta las cuentas para permitir el despido y el cierre», desafió el representante de la plantilla. El sindicato ha emplazado, según recogió la agencia EFE ayer, a «los políticos de la ciudad de Alicante» y a las administraciones autonómica y nacional a emprender las acciones que consideren oportunas «para evitar este atentado contra los trabajadores y trabajadoras».

El grupo parlamentario de Compromís se adelantó ayer a esta llamada a través de la diputada Mireia Mollá, quien en un comunicado reclamó la comparecencia del conseller de Industria, Máximo Buch, por el cierre de la fábrica alicantina. «Queremos que explique si se ha hecho algún tipo de mediación para evitar el cierre de la planta, ya que sería inaceptable que el Gobierno valenciano se desentendiera de un problema de estas dimensiones, tanto para los trabajadores como para Alicante», reclamó.