El secretario general del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Juan Carlos Arce, tendrá que declarar el próximo mes de enero en los juzgados tras la presentación de varias querellas por posible delito de prevaricación tras el bloqueo de 30.000 expedientes en la Comunidad Valenciana (180.000 en el conjunto de España) y la cesión de una parte de las gestiones de este organismo público al grupo Tragsa por las que abonará 3,5 millones. El presidente de la Asociación por la Defensa de las libertades y derechos sociales y civiles, Ricardo Cano, uno de los querellados contra el citado alto cargo de la administración del Estado atribuye las demoras del Fogasa «a un deterioro claro y buscado a propósito para justificar la privatización de dicho servicio».
