Su principal objetivo es que las empresas puedan reducir su deuda a un nivel asequible para que continúen con su actividad pero lo cierto es que la inmensa mayoría de las mercantiles que se acogen a la figura del concurso de acreedores acaba en liquidación ante la imposibilidad de enderezar sus cuentas. Así lo aseguran desde el Colegio de Economistas de Alicante, donde estiman que apenas un 10% de las compañías que entran en lo que antiguamente se conocía como suspensión de pagos acaba sobreviviendo a este proceso.
Se trata de un porcentaje muy bajo, sobre todo si se compara con lo que ocurre en otros países desarrollados como Estados Unidos o Alemania, donde más de la mitad de las empresas concursadas consigue continuar con su negocio.
«El principal problema es que aquí la solicitud de concurso suele presentarse tarde, cuando la situación financiera de la empresa ya se encuentra muy deteriorada y no hay prácticamente nada que se pueda hacer para salvarla», señala el presidente de los economistas alicantinos, Francisco Menargues, experto en la materia. Tanto es así que el 85% pasa directamente a la fase de liquidación mientras que sólo un 15% llega a pactar un convenio con sus acreedores para tratar de hacer frente a la deuda. De estas últimas, casi un tercio no logra cumplir con las condiciones acordadas, por lo que finalmente apenas un 10% logra salir de la situación concursal.
Reticencias de los acreedores
Otro motivo del fracaso de esta figura es que los propios acreedores no suelen ser muy partidarios de utilizarla debido a las peculiaridades del sistema financiero español, en el que la inmensa mayoría de las deudas cuentan con algún tipo de garantía -o bien hipotecaria o bien de otra naturaleza- a la que recurrir en caso de impago. A los bancos les suele resultar más rentable ejecutar esta garantía que firmar un acuerdo en el que, probablemente, se vean obligados a asumir una quita bastante mayor.
Por esta misma causa las entidades también son más partidarias de la liquidación -que implica la venta de la unidad productiva de la empresa o de sus bienes para recuperar la mayor cantidad de dinero posible-que del convenio, y de ahí el escaso porcentaje de los procesos que acaban con éxito.
Así también se explica que hasta el 91,8% de todos los concursos tramitados en la provincia desde el año 2008 sean voluntarios -es decir, que los han solicitado la empresas afectada-, frente a apenas un 8,2% que han sido instados por los acreedores, de acuerdo con los datos que recopila trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En cualquier caso y a pesar de sus discutibles resultados, lo cierto es que con la crisis económica se ha disparado el uso de este procedimiento jurídico. Si en los años 2006 ó 2007 apenas se registraban medio centenar de solicitudes, en 2008 la cifra ya ascendió hasta las 132 y en 2009 se llegó a las 241. En los ejercicios de 2010 y 2011, cuando los famosos «brotes verdes» del Gobierno de Zapatero, el número de empresas que suspendieron pagos pareció estabilizarse en el entorno de las 200 hasta que, de nuevo, en 2012 se disparó y sumó 315. En total, desde el inicio de la crisis más de 1.300 compañías alicantinas se han acogido a un concurso de acreedores.
El decano-presidente del Colegio de Economistas de Alicante apunta que, en parte, también se debe a que no existe ningún otro método alternativo para poder cerrar una mercantil cuando ésta tiene deudas y resulta inviable. «Si bajan la persiana sin más, los administradores se enfrentan a posibles repercusiones penales y realmente en muchas ocasiones no tiene sentido el concurso, sobre todo cuando se trata de empresas que no tienen masa (activos) contra la que ir», apunta Francisco Menargues. Es decir, cuando los acreedores no tienen nada para repartirse.
Por ello, tanto desde el Colegio como desde el Registro de Economistas Forenses vienen reclamando que se articule un nuevo procedimiento que permita el cierre de este tipo de empresas de una forma más ágil y con plenas garantías. Aún así, Menargues también recuerda que, al final, sólo las empresas de mayor tamaño recurren al concurso, lo que supone apenas el 2% de los cierres reales de negocios.
