El caos interno que vive la filial de la empresa pública Tragsa, Tragsatec, no parece estar contribuyendo a la labor de agilización de los expedientes de 20.000 trabajadores de la provincia que le fue encomendada por el Ministerio de Empleo a cambio de 3,5 millones de euros para aliviar sus maltrechos balances. El sindicato CC OO denuncia que un mes y medio después del traslado de 6.617 casos de impago de salarios e indemnizaciones a trabajadores de empresas insolventes desde la oficina provincial del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), infradotada de personal y sobrepasada por la carga de trabajo, «los expedientes duermen el sueño de los justos en algún almacén de Madrid» mientras la filial, que propone el mayor expediente de regulación de empleo de la historia de una empresa pública -entre 400 y 800 empleados de una plantilla total de 4.500- debido a las pérdidas millonarias desde hace varios ejercicios, «no ha empezado ni a formar a su personal» para que pueda realizar el encargo, según denuncia la secretaria general de la central en l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro. Al mismo tiempo, el servicio provincial del Fondo, con el contador a cero tras el traslado, «ya ha resuelto parte de los nuevos casos que han entrado en este mes», en palabras de la representante sindical alicantina.
Consecuencia: más de 20.000 trabajadores en la provincia obligados a esperar «sin fecha y sin interlocutor» a que alguien decida si tienen o no derecho a cobrar los salarios e indemnizaciones que no les pagaron sus empresas y cuyo pago corresponde, por definición, al Fogasa. Las fichas que acumula ahora Tragsatec sin horizonte de resolución están fechadas entre noviembre de 2012 y octubre de este año. Esto se traduce en que gran parte de los afectados por despido llevan un año pendientes de un trámite que, en condiciones normales, se soluciona en un máximo de tres meses, según explicaron fuentes del Fondo en la provincia. «En enero se me acaban los dos años de paro y sigo sin saber nada», explica Santiago Alcolea, un albañil de 59 años que presentó su demanda al Fogasa a principios de año y cuyo despido, en diciembre de 2011, fue declarado improcedente por un juzgado de Lo Social.
El responsable jurídico del sindicato, Rafael Ruiz, denuncia que hay miles de afectados como Alcolea que observan con impotencia cómo expedientes que han tenido la fortuna de llegar al Fogasa después de la aplicación del Plan Greta -como se conoce la estrategia de desatasco del servicio ideada por el Ministerio- «ya han recibido respuesta» y están pendientes de recibir el dinero. El abogado sindical sostiene además que «el 99% de los casos que llegan al servicio suelen ser favorables al trabajador» y derivan, por tanto, en el cobro de la deuda.
El importe total de los expedientes alicantinos que Tragsatec tiene bajo su custodia es de 50 millones de euros, lo que supone que a cada afectado le corresponden 3.300 euros de media, según fuentes del Fogasa alicantino.
170.000 expedientes del país
El Plan Greta tiene una dimensión mucho mayor. La estrategia de externalización de expedientes -una privatización «en toda regla» para las centrales sindicales- ha encargado a esta sociedad pública, dependiente en última instancia del Ministerio de Hacienda a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la gestión de 170.000 casos procedentes de las 29 delegaciones provinciales del Fogasa más colapsadas por la destrucción de empleo en su territorio. Desde mediados de octubre han salido camiones de Correos hacia Madrid con documentos de las tres delegaciones provinciales de la Comunidad; un total de 35.600 expedientes que afectan a cerca de 80.000 trabajadores. Sólo en Alicante y Valencia las indemnizaciones y salarios que reclaman los afectados superan los 300 millones de euros.
Ruiz está convencido de que el citado Plan Greta no es más que una estrategia del ministerio para ganar tiempo y no pagar. «El Fogasa está sin un duro. Ha pasado los años más difíciles de su historia, con mucha diferencia: una carga de trabajo horrorosa y más pagos de los que puede afrontar», apunta el letrado. «Están usando el retraso para ganar tiempo; es jugar al patadón y aplazar el problema a los presupuestos de otro año hasta que mejora la cosa».
Tragsatec, contactada por este diario para conocer su versión sobre el estado de los expedientes, se limita a reconocer el encargo del ministerio y a definir su labor como de «mecanización» de estos documentos, sin que el servicio de relaciones externas de la empresa sea capaz de aclarar en qué consiste esta tarea.
El abogado sindical señala además la «absoluta falta de información» que sufren los demandantes. «Hasta ahora podían consultar el estado de su expediente por Internet, ahora no tienen información de ningún tipo sobre el estado de su caso», asegura Ruiz.
