Tres días. Ese es el tiempo que los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó han tardado en reunir los catorce millones de euros (siete para cada uno) cuyo pago en metálico acordó el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez si querían salir de la cárcel, una situación en la que se encontraban desde el lunes por la tarde. Los exsocios de los exdirectivos de la CAM Roberto López Abad y Daniel Gil abandonaron la prisión de Navalcarnero (penal al que el martes fueron trasladados desde el de Soto del Real, a donde se les trasladó inicialmente) a media tarde ayer con el objetivo inmediato de descansar. Apenas unas horas antes, al filo de las tres de la tarde, familiares de los empresarios consignaron en la cuenta del juzgado los 14 millones reclamados por Gómez Bermúdez que les han permitido salir en libertad.

Para conseguir esta abultada cantidad, familia y personas del entorno empresarial de los propietarios del grupo hotelero Mar Confort (con el que constituyeron junto a López Abad y a Gil la participada Valfensal, mercantil que el juez considera que los cuatro socios imputados utilizaron para obtener fondos de la CAM y ocultar al fisco más de treinta millones de euros) se movilizaron para vender propiedades con las que poder hacer frente a una fianza cuyo pago Gómez Bermúdez exigió en metálico. La operación que ha permitido ingresar esos 14 millones, obtenidos de la venta de terrenos, se cerró a lo largo de la mañana de ayer.

Los empresarios tuvieron que optar por esta solución habida cuenta de que el juez no parecía estar por la labor de aceptar como pago las propiedades aportadas en el juzgado el martes por la mañana y que sumaban el doble de lo reclamado por el juez, tal y como establece la ley. Con todo, el pago en metálico se ha producido antes de que el instructor de esta causa se haya tenido que pronunciar sobre si aceptaba o no el patrimonio, una opción que hubiera alargado el tiempo de estancia en prisión de Ferri y Baldó, lo que ha debido pesar en la decisión que se ha acabado tomando.

Fuentes del entorno de los empresarios destacaron la intranquilidad que había entre los directivos y el personal del grupo empresarial de Ferri y Baldó por la situación en que se encontraban los empresarios y las repercusiones que podía tener en sus negocios, un entramado con más de 3.000 empleados, precisaron.

Ferri y Baldó comparecieron el lunes ante Bermúdez recién aterrizados de México, donde tienen una buena parte de sus establecimientos, tras acordar con el juez que lo harían voluntariamente sin ser conducidos detenidos y esposados, como sí ocurrió con sus exsocios arrestados a principios de noviembre en el marco de esta instrucción judicial. Aunque ambos negaron los hechos que se les imputan durante las dos casi dos horas que cada uno estuvo declarando, y en las que respondieron a todas las partes, lo sucedido con López Abad y con Gil hizo que previeran bienes para hacer frente a una posible fianza, aunque se quedaron cortos en el importe, que calculaban en torno a los cinco millones, y no contaron tampoco con que Bermúdez iba a exigir su abono en metálico.

Correos

La puesta en libertad provisional ayer de Ferri y de Baldó, a las que hay que sumar las excarcelaciones de Roberto López y de Daniel Gil (tras pagar un millón y medio y 400.000 euros respectivamente de fianza) es un elemento más de un procedimiento que se inició en julio del año pasado a raiz una querella del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y que se encuentra en plena instrucción tras el informe elaborado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dirigidos por la Fiscalía Anticorrupción bajo el amparo judicial de Gómez Bermúdez. Un informe que ha dado lugar a estar detenciones. Todo apunta a que para la investigación está siendo determinante el material intervenido en los registros que se han venido realizando tanto en los domicilios particulares de los imputados como en las oficinas del grupo Mar Confort, en especial los correos electrónicos.