En la prisión de Soto del Real a la espera de que, desde el juzgado, se remita el auto por el que recuperen su libertad, aunque sea provisional, una vez se consideren pagados los siete millones de fianza que para cada uno exige el magistrado Javier Gómez Bermúdez. Ésta es la situación en que se encuentran desde la noche del lunes los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, socios en la participada Valfensal del exdirector general de la CAM Roberto López Abad y del exresponsable de inversiones inmobiliarias Daniel Gil, quienes también han pasado por esta misma situación y de la que salieron pagando un millón y medio y 400.000 euros respectivamente.
A los cuatro, junto al también exdirectivo de la caja César Véliz, les imputa el juez haber ocultado a la Agencia Tributaria más de treinta millones de euros procedentes precisamente de los negocios que la filial inmobiliaria de la entidad de ahorros tenía en el Caribe, unos beneficios de los que la CAM no habría visto un euro pese a haber financiado los proyectos, según recoge el auto firmado por Gómez Bermúdez a media tarde del lunes.
Aunque los empresarios, que prestaron declaración anteayer, habían previsto la posibilidad de que las acusaciones pidieran medidas cautelares y el juez las acordara, como así ocurrió, erraron en el cálculo y frente a los cinco millones que tenían preparados para cada uno el juez fijó las fianzas en siete: dos millones de diferencia que son los que en estos les momentos mantienen entre rejas.
La primera medida adoptada por el abogado de los empresarios nada más conocer el alcance del aval y la imposibilidad de hacerlo efectivo al instante fue presentar para su abono patrimonio por el doble de lo exigido, tal y como establece la ley. Unos bienes cuya consignación fue registrada ayer por la mañana en el juzgado y que ahora tendrán que ser tasados por un perito para determinar si cubren el importe de lo reclamado por el juez.
No obstante, la aportación de estas posesiones (propiedades inmobiliarias en su mayoría) tampoco garantiza, de entrada, que vayan a servir para abonar las fianzas que sacarían a los empresarios de prisón. Fuentes jurídicas próximas al caso llamaron la atención sobre el hecho de que el magistrado precisa en su auto que la prestación de los avales ha de ser «en metálico», no en propiedades, con lo que cabe la posibilidad de que Gómez Bermúdez rechace como válido el patrimonio aportado.
Sorprendidos
Mientras tanto, los empresarios pasaron su primer día entre rejas sorprendidos porque el juez haya decretado su prisión con una fianza tan elevada cuando han comparecido ante él nada más ser citados. Ni Ferri ni Baldó entienden que se argumente que pueden destruir pruebas cuando ya se han realizado varios registros y que no se haya tenido en cuenta el arraigo de ambos en esta país para descartar que vayan a fugarse.
Los empresarios viajaron el domingo desde México, donde tienen una buena parte de sus negocios, para declarar ante Gómez Bermúdez después de que su abogado negociara que no fueran conducidos detenidos y esposados ante su señoría como sí sucedió con el resto de los imputados en esta causa. Las órdenes de detención dictadas por el juez a principios del pasado mes le pilló a Ferri y a Baldó fuera del país.
