El Gobierno aprobó ayer un real decreto ley que permitirá a la banca seguir contabilizando como capital principal hasta el 60% de sus créditos fiscales (DTA, por sus siglas en inglés), lo que supondrá unos 30.000 millones de euros. En total, la banca cuenta en España con 50.000 millones de euros en DTA, activos que generan un crédito fiscal a las entidades porque son gastos que han tenido un impacto en los bancos y que no se han podido deducir de sus beneficios actuales, lo que les ha obligado a pagar a Hacienda más impuestos que podrán descontarse en un futuro. Se trata, por ejemplo, de las provisiones que se realizan por los créditos aunque estén al corriente de pago.
De ahí que el Gobierno haya reconocido este derecho que además supone trasponer la normativa europea Basilea III, que entra en vigor en enero de 2014. Según aclaró el ministro de Economía, Luis de Guindos, los DTA «no son ningún préstamo ni ayuda», sino que se basan «en una cuestión contable», y explicó que su impacto en las cuentas del Estado «a corto y medio plazo no es relevante», en tanto que no afectará al déficit ni a la deuda pública.
«De no haberse hecho esta modificación, la banca española hubiera estado en desventaja respecto a sus competidores», ya que la mayoría de Gobierno europeos ya avalan estos créditos fiscales para que puedan contabilizarse como capital principal.
El real decreto aprobado ayer también incluye otras medidas como que el Banco de España tendrá que realizar al menos una vez al año un programa de supervisión que incluirá pruebas de esfuerzo, o test de estrés bancarios.
