Miles de personas volvieron a clamar ayer en las calles de Alicante contra las políticas de recortes en servicios públicos que están aplicando el Gobierno y la Generalitat, sumándose así a la convocatoria realizada a nivel nacional por sindicatos y entidades cívicas. La respuesta de la sociedad alicantina, sin embargo, fue un tanto tímida en comparación a otras movilizaciones similares que se han llevado a cabo en la ciudad en los dos últimos años. La Policía Local cifró los asistentes en 2.000, mientras que la organización habló de 15.000 participantes en la marcha. La impresión de gran parte de los presentes, no obstante, era de que la afluencia rondaba las 5.000 personas.

«Utiliza tu fuerza. Vamos a cambiar las cosas. Defiende lo público» era el lema principal de una marcha en la que gran parte del protagonismo volvía a recaer sobre la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Esta vez, eso sí, otro colectivo ocupó también puestos de cabecera de la manifestación: los trabajadores de RTVV. Al grito de «pública i de tots», un nutrido grupo de empleados de la radiotelevisión autonómica defendieron su continuidad. No eran los únicos que exponían, a través de su presencia, una situación complicada en su puesto de trabajo, ya que también estaban allí representantes de las plantillas de Cemex y Masatusa, reivindicando además, en este último caso, el mantenimiento del sistema de transporte metropolitano de viajeros.

Colectivos vinculados a la educación, al ecologismo, a la sanidad, jubilados, usuarios de banca y de defensa de la mujer, entre otros, se dejaban ver entre la multitud. A diferencia de otras ocasiones, apenas había carteles muy vistosos u otras formas especialmente llamativas de manifestarse, aunque sí algunos ejemplos, como el tenderete con chorizos que portaba un hombre. O una menuda «mujer protesta» provista de varios pitos y un altavoz, y con un cartel atado a la espalda que decía «Destruyen en dos años lo que tardamos 30 en construir».

A la protesta se sumaron representantes del PSPV, como la diputada en el Congreso Patricia Blanquer, así como de EU y Compromís, con las diputadas autonómicas Esther López y Mireia Mollà, entre otras personas. También estaba la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante Mar Esquembre, encargada de la lectura del manifiesto final junto con Teo Díaz, representante de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.

El texto denunciaba el «desmantelamiento del estado del bienestar» a través de «una política neoliberal a uiltranza» que «rige el destino de Europa». Los organizadores insistieron en que «frente a esta situación no hay lugar para la resignación». Durante la lectura también se reivindicó «el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo», en alusión a la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo. También se equiparó la violencia machista a «violencia terrorista», recordando el caso ocurrido ayer mismo en Torrelaguna (Madrid).

Otra de las principales críticas fue para la anunciada reforma de la Administración Local, que «supondrá la pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de servicios públicos próximos a la ciudadanía». Recriminaron al Gobierno que esta reforma se ha hecho «una vez más, sin diálogo social, sin criterios de racionalidad y con una clara intención privatizadora».