Durante seis días, los que separaron su ingreso en la cárcel madrileña de Soto del Real de su salida de la Navalcarnero, situada a unos cien kilómetros y a la que fue traslado la noche anterior a su excarceración por problemas de cupo, los abogados y familiares de Roberto López Abad intentaron sin éxito conseguir un aval por un millón y medio de euros. Esta fue la cantidad que el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez le impuso como fianza si quería eludir la prisión preventiva que acordó nada más tomarle declaración por su presunta participación en la ocultación al fisco de varios cientos de millones de euros. La detención y posterior declaración del exalto ejecutivo se enmarcan en unas actuaciones declaradas secretas y derivadas de las que investigan los negocios de la participada Valfensal en el Caribe en la que también están implicados, entre otros, el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la CAM Daniel Gil y los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, todos ellos socios de la citada mercantil.
En esos seis días en los que los representantes legales del exdirector general de la caja no dejaron puerta por tocar para lograr el aval (por llamar, llamaron hasta al Sabadell, donde rechazaron tajantemente la petición por no considerarla oportuna) sólo cosecharon negativas. Tan difícil se les puso lograr el aval que el miércoles por la mañana, cuando Roberto López ya cumplía su sexto día entre rejas, familiares del exdirectivo realizaron una transferencia por un millón y medio de euros que permitió su salida de la prisión a media tarde. Fue el magistrado Eloy Velasco, en sustitución de Gómez Bermúdez, quien firmó el auto de libertad tras comprobar que todo estaba correcto.
Nada ha trascendido del origen del dinero con el que López Abad ha comprado su libertad provisional ni el motivo por el que no se optó desde el primer momento por realizar la transferencia que al final se ha acabado haciendo y que le hubiera acortado su estancia en prisión. No hay que olvidar que a este millón y medio ingresado en la cuenta del juzgado hay que sumar las dos viviendas (una en Alicante y otra en Madrid) y la deuda del Estado que hace unas semanas designó por orden del mismo juzgado como fianza, en este caso para hacer frente a una posible responsabilidad civil, por su imputación en la pieza principal en la que se investiga el posible falseamiento de las cuentas de la caja de ahorros para atribuirse unas retribuciones por encima de a las que tenía derecho. Una causa en la que también está imputado el expresidente Modesto Crespo, la exdirectora general María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb. A todos ellos Gómez Bermúdez les impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros que la sección tercera de la sala de lo Penal rebajó a 27.
Al mismo sistema utilizado por López Abad ha recurrido su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, quien también optó por transferir los 400.000 euros que, en su caso, le impuso el juez como fianza para eludir la prisión. Sólo que Gil lo hizo cuando no habían transcurrido ni doce horas desde que el magistrado acordó esta medida y salía de Soto del Real a las 22 horas de entrar.
