El magistrado Javier Gómez Bermúdez ordenó el arresto por el riesgo de que los implicados pudieran huir a Curaçao, una isla del Caribe considerada como un paraíso fiscal con el que no existe tratado de extradición, según argumenta el juez en el auto de detención. «Cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia», explica. Asimismo en su resolución incide también en que existe riesgo de que puedan destruir, ocultar o alterar pruebas, por lo que considera la medida de prisión necesaria «para preservar el buen fin de la investigación».
La operación ha sido bautizada como «Mar Nuestro» por la Guardia Civil y arroja el balance de nueve detenidos y once imputados. Se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia y Palma de Mallorca con registros en domicilios y despachos de abogados. Según la Guardia Civil, el entramado contaba con la financiación de la CAM, la connivencia con algunos de sus directivos y el asesoramiento de varios despachos de abogados. De esta manera, los empresarios habían creado una estructura societaria, de la que la CAM participaba, que permitiría derivar los beneficios de la explotación de hoteles de lujo en el Caribe a un paraíso fiscal defraudando millones de euros.
La investigación se inició en 2012 a raíz de una denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención de la CAM por el Banco de España, contra los antiguos directivos de la caja por la supuesta concesión de créditos a conocidos empresarios eludiendo los procedimientos internos de control de la caja. A través de un entramado de empresas, éstos habrían sido beneficiarios de varios préstamos que superaban los 216 millones de dólares concedidos para la compra de dos hoteles y varios suelos hoteleros en Méjico, República Dominicana y Costa Rica.
