Con las manos esposadas, barba de dos días y cara de cansados comparecieron ayer ante el juez Javier Gómez Bermúdez los exdirectivos de la CAM detenidos el miércoles. Por la noche, el exdirector general de la caja Roberto López Abad y su mano derecha en inversiones inmobiliarias Daniel Gil Mallebrera ya durmieron en la prisión de Soto del Real, situada a unos 30 kilómetros de Madrid, donde fueron trasladados desde la Audiencia Nacional tras prestar declaración ante el magistrado, que les imputa delitos fiscales de apropiación indebida, falsedad documental y administración fraudulenta tras ocultar al fisco más de 30 millones de euros generando sólo en tres ejercicios fiscales, de 2009 a 2011, una deuda tributaria que superaría los cinco millones.
Las comparecencias de ambos exaltos cargos de la caja se produjeron a continuación de las de otros dos excompañeros suyos (el exdirector de Negocios César Véliz y Vicente Sánchez, responsable máximo entre los años 2006 y 2011 de la filial inmobiliaria de la CAM con la que se articularon los negocios hoteleros de la entidad en el Caribe a través de la participada Valfensal) y también después de la de Francisco Climent, hombre de confianza de los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó a quienes la orden de detención dictada por el magistrado les ha pillado fuera de España. Los interrogatorios, que han continuado hoy con otros imputados, entre ellos el de un asesor fiscal en plantilla en Alicante del bufete Garrigues, se enmarcan en la pieza separada abierta dentro del proceso por los negocios de la caja de ahorros en el Caribe, unas actuaciones sobre las que está decretado un secreto de sumario que hoy podría ser levantado.
El economista Jaime Escrivá, del despacho de abogados de Garrigues, ha quedado en libertad sin cargos. Ayer declaró en Comandancia y hoy lo ha hecho en la Audiencia.
Libertades con cargos
Mientras Véliz, Sánchez y Climent fueron quedando en libertad con cargos una vez prestaron declaración (sólo el primero, que lo hizo por la mañana, se negó a responder a quien no fuera su abogado), la tónica cambió tras el interrogatorio de Daniel Gil, que quiso contestar a todas las partes, y el de Roberto López, quien volvió a negarse a dar explicaciones a su antigua empresa, la CAM, y al Fondo de Garantía de Depósitos, que en este proceso ejercen la acusación particular.
Al filo de las 21 horas, menos de una hora después de que hubieran concluido unas declaraciones que rondaron los 30 minutos por imputado, el magistrado Gómez Bermúdez dictó para los dos exaltos cargos prisión provisional eludible con el pago de una fianza: de 1.500.000 euros en el caso de López Abad y de 400.000 en el de Gil Mallebrera.
Tras explicar en sendos autos notificados a esas horas que con esta medida cautelar se busca evitar el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas, el magistrado volvió a relatar una buena parte de los hechos atribuidos a los exaltos ejecutivos que ya recogía otro auto dictado el lunes en el que se argumentaban las órdenes de detención dictadas por el instructor, para a continuación explicar los cálculos realizados en la imposición de las fianzas. Para el millón y medio de euros fijado para López Abad (500.000 euros menos que los reclamados por el Ministerio Fiscal, petición a la que, al igual que ocurrió con Gil, se adhirió la acusación particular), el juez ha tenido en cuenta los 3.888.000 euros que el exdirector general cobró en junio de 2011 en concepto de prejubilación y la casa que por 600.000 dólares se compró en Mexico en 2009. En el caso de Gil, para quien el fiscal pedía 100.000 euros más que los 400.000 establecidos finalmente por el juez, ha pesado el millón que en febrero de 2011 percibió por prejubilarse.
Poco antes de las 22 horas un furgón de la Guardia Civil, al que increpó un afectado por la gestión de la caja que durante todo el día permaneció frente a la Audiencia Nacional, trasladó a los otrora altos cargos de la CAM hasta Soto del Real, una prisión que podrán abandonar si abonan la fianza. Una medida con la que el juez busca hacer «suficientemente gravosa» una posible huida por parte de los detenidos ante el hecho de que el riesgo de fuga se «haya incrementado notablemente por las nuevas evidencias acumuladas» contra ellos, «tanto documentales como declaraciones de testigos y coimputados de las que pueden inferir la solidez de la imputación y el aumento de las probabilidades de ser condenados a penas graves», según recoge el auto.
Ante el supuesto de que los ya reclusos preventivos abonen la fianza y salgan en libertad, el juez acuerda para Gil la retirada del pasaporte y la prohibición de traspasar las fronteras nacionales así como la presentación quincenal en el juzgado o comisaría que designe, medidas cautelares que ya tiene establecidas López Abad desde julio del año pasado. Contra los autos dictados anoche, el que afecta a López y el relativo a Gil, ambos de idéntico contenido salvo la cuantía de la fianza, cabe recurso, lo que no suspende el ingreso en prisión.
