No sólo hubo supuestas irregularidades en el pago de comisiones o en la disposición de fondos sin control para la compra de diferentes hoteles y terrenos en México, la República Dominicana o Tenerife; la propia estructura del grupo Valfensal estaba diseñada desde un principio para eludir la acción del fisco español y defraudar millones de euros. Así al menos lo asegura el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez en el auto en el que ordenó la detención del exdirector de la CAM Roberto López Abad, de sus subordinados Daniel Gil y César Véliz, y de los empresarios benidormenses Juan Ferri y José Baldó, propietarios del 70% del citado grupo -el otro 30% era el que correspondía a la caja de ahorros-a través de su firma Mar Confort.
Según dicho documento, para evitar el pago de impuestos lo que hicieron los responsables de Valfensal fue adquirir dos sociedades pantalla radicadas en los Países Bajos -Bencos Holding- y su antigua colonia de Curaçao -Jacksonport Corporation- para canalizar hacia este último país el grueso de los ingresos que obtuviera el grupo con la gestión de sus hoteles en el Caribe y beneficiarse así de su baja fiscalidad. De hecho, las conocidas anteriormente como Antillas Holandesas formaban parte de la lista de paraísos fiscales hasta hace apenas dos años.
El texto de Gómez Bermúdez sostiene de forma muy contundente que Ferri y Baldó informaron en todo momento a los exdirectivos de la caja de su intención de «adquirir una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal» y que «ni Roberto López ni Daniel Gil tuvieron ningún reparo».
Para defender la legalidad de sus planes y vencer los posibles reparos de los órganos de control de la CAM, se encargó el diseño de toda la estructura societaria al despacho de abogados de Garrigues. El responsable del trabajo, Jaime Escrivá, habría reconocido ayer a la Guardia Civil que el fin de la misma era «eludir las obligaciones fiscales en España», según consta en el auto que anoche dictó el juez para enviar a prisión al exdirector general de la CAM. A pesar de ello, Gómez Bermúdez señala que Escrivá no dudó en elaborar «dos informes jurídicos defendiendo su legalidad».
Fueron estos documentos los que luego López Abad utilizaría para superar las posibles reticencias en la caja aunque, como recuerda el auto, en realidad el exdirector general, Daniel Gil y César Véliz monopolizaban la información sobre el grupo e imponían siempre su criterio. De hecho, la querella presentada por los administradores del FROB señala que estos ejecutivos crearon una «zona de gestión opaca» al margen del resto de la estructura de la entidad.
Gracias a ello, según el juez, Ferri y Baldó obtuvieron sin problemas y a través de Valfensal todo el dinero que necesitaron para realizar sus inversiones en el Caribe.
Apariencia de legalidad
Los socios quisieron darle a la sociedad que habían creado en las Antillas Holandesas la mayor apariencia de legalidad posible por lo que contrataron los servicios del bufete antillano CMS Trust que proporcionó «la cobertura necesaria» -teléfonos, alquiler de oficinas, empleados- «con el fin de ocultar que era una sociedad instrumental». Y funcionó: durante los siguientes nueve años se atribuyó a esta sociedad todos los ingresos generados por los hoteles del grupo que, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, ascendieron a más de 333 millones de dólares, unos 247 millones de euros.
Igualmente y según la misma fuente, sólo en los últimos cinco años -el posible delito fiscal de años anteriores ya habría prescrito- los beneficios de Jacksonport sumarían casi 43 millones de dólares (unos 32 millones de euros), a los que habría que sumar otros siete millones de dólares (5,2 millones de euros) que se habrían cargado como gastos de la mercantil por la adquisición de una parcela en República Dominicana, aunque en realidad nada tienen que ver con la supuesta actividad comercializadora de las plazas hoteleras que desarrollaba la empresa. Es más, el juez llega a cuantificar en 5,279 millones de euros las cuotas tributarias no satisfechas -y, por tanto, supuestamente defraudadas- sólo entre 2009 y 2011.
Por todo ello, la Intervención General del Estado concluye que, si resulta probada que la gestión y el control efectivo de Jacksonport se realizaba desde España y no desde las Antillas Holandesas, «estaríamos ante un delito fiscal de cierta relevancia» ya que no se habría tributado lo legalmente establecido por estas cantidades. Para maximizar los beneficios de su estrategia, Valfensal, la matriz del grupo, nunca declaró ganancias ni repartió dividendos.
«Dividendo encubierto»
La estrategia cambió a partir de 2010, con la llegada de la crisis y «aprovechando la difícil situación en la que se encontraba la CAM», según defiende Gómez Bermúdez en su escrito. Fue entonces cuando Valfensal suscribió un acuerdo con la firma Seabrezee por el que esta última se encargaría de la gestión de los hoteles del grupo: el Sandos Caracol y el Sandos Playacar, en la Riviera Maya, Le Meridien en Cancún y el Eco Resort San Blas en Tenerife. Se trata de una sociedad propiedad de Juan Ferri y José Baldó a través de varias firmas interpuestas y en la que no participa la CAM por lo que, en realidad, según el juez, lo que se hizo fue permitir que los empresarios benidormense transfirieran a una de sus sociedades los recursos del grupo sin que la caja obtuviera una compensación semejante.
Es lo que el magistrado de la Audiencia Nacional califica como «dividendo encubierto» y que la Guardia Civil calificó ayer como delito de blanqueo de capitales. Es más, según fuentes de la Benemérita, Valfensal habría facturado más servicios a otras firmas del grupo y de Ferri y Baldó siguiendo la misma estrategia.
