La Audiencia Nacional ordenó ayer el registro de un despacho de abogados en Alicante, de otro en Valencia y de un tercero en Madrid en relación con los procesos penales abiertos contra exdirectivos de la CAM por su actuación al frente de la entidad, según informó anoche la agencia Efe.

Fuentes judiciales indicaron que, además de la intervención en el despacho de Valencia, ordenada por el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, instructor de estos procedimientos, también se han realizado registros en un bufete de Alicante, donde se habría incautado documentación del ordenador de un economista que trabaja allí, y otro de Madrid, si bien no han especificado de qué despachos se tratan.

En el caso concreto del bufete valenciano, durante el registro, llevado a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid, requisaron numerosa documentación supuestamente referida al caso de la CAM y procedieron al vaciado del contenido de un ordenador. Estos agentes, que llevaban un exhorto de la Audiencia Nacional, fueron asistidos por una secretaria judicial durante el tiempo que duró el registro, que se prolongó desde las nueve y media de la mañana hasta las seis de la tarde, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras del caso.

Otras fuentes precisaron que el letrado de Valencia en cuyo despacho se hizo la intervención no se encuentra imputado en la causa sino que llevaría la defensa de uno de los imputados, por lo que se advirtió a través de un representante del Colegio de Abogados que el registro y la incautación del material podría constituir una posible vulneración del secreto de las comunicaciones, lo que podría llevar, si fuera así, a una nulidad de las actuaciones. En Valencia es el conocido penalista Javier Boix quien lleva la defensa del exdirector general Roberto López Abad en colaboración con un bufete de Madrid, aunque tanto desde el entorno de Boix como otras fuentes judiciales negaron que este despacho hubiera sido registrado ayer.

Sólo dos de los imputados en los procesos abiertos por la gestión de la CAM han optado por confiar su defensa a abogados de Alicante: el expresidente Modesto Crepo, a quien representa Antonio Garrigós, y Daniel Gil, exresponsable de inversiones de la caja de ahorros, que ha contratado a Javier Gerona, un letrado estrechamente ligado a Boix. Fuentes del Colegio de Abogados de Alicante, que a través de un representante estuvo presente durante el registro, desmintieron que se tratara de alguno de estos dos bufetes.

El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, señaló que registrar de esta forma el despacho de un abogado, algo que ocurre por primera vez en Valencia, y requisar la documentación que tenga sobre sus clientes «es una vulneración del derecho al secreto profesional y a la confidencialidad entre abogado y cliente». En su opinión, es especialmente grave porque se trata de una actuación en el despacho de un abogado que ni siquiera está imputado en la causa, sino que ejerce la defensa de uno de los acusados, que de esta forma ve vulnerado su derecho a defensa. También indicó que los agentes judiciales requisaron de forma indiscriminada documentación y comunicaciones entre abogado y cliente, lo que supone una «vulneración gravísima de un derecho reconocido en la constitución».

Durán destacó que si un ciudadano no puede mandar documentación a su abogado «salta por los aires el Estado de Derecho» y ha anunciado que el Colegio se reserva la posibilidad de ejercer acciones judiciales contra el juez de la Audiencia Nacional por considerar que este registro supone un ataque gravísimo a las garantías judiciales que deben preservar la relación entre el abogado y su cliente. De hecho, está previsto que hoy se celebre una junta de gobierno extraordinaria para abordar el tema, realizar una queja formal y, en su caso, iniciar actuaciones judiciales.

Desde el Colegio de Alicante no hubo reacción oficial alguna.