El Gobierno no quiere cooperativas en el futuro sector eléctrico español. La reforma energética que desde hace un año impulsa el ministro Soria, llamada a equilibrar el agujero de 4.000 millones de euros que causa al Estado la diferencia entre costes y beneficios del sistema eléctrico, conmina a estas sociedades laborales a desmantelar su estructura y a refundarse como mercantiles si quieren permanecer en el tablero de la generación, distribución y comercialización de electricidad en el país. Desde el PSPV se interpreta como una genuflexión del Ministerio ante la patronal de las energéticas, principales beneficiarias de este movimiento que puede convertir los nichos cooperativistas del mapa eléctrico, fuera de su control, en mercados explotados por pequeñas compañías tan débiles como absorbibles.
Las 20 cooperativas que quedan en el país representan el 0,5% del sector eléctrico español. De ellas, el 85% se concentra en la Comunidad Valenciana, donde funcionan 16 de estas sociedades anónimas laborales. Alicante, con cinco cooperativas en otros tantos municipios, tiene uno de los dos buques insignias de este sistema, Enercoop, Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, en Crevillent. Es, junto con la cooperativa de Alginet en Valencia, la única del país que además de transportar y vender la luz a sus socios y clientes -suman entre todas 50.000 en la Comunidad y 24.700 en la provincia, según datos de la Agencia Valenciana de la Energía-, la produce. «Esa es la clave del ataque a las cooperativas; facilitar la entrada de las grandes eléctricas en el mercado que ocupan. No están interesadas en lo que son, pero sí en lo que pueden llegar a ser», explica el portavoz de Industria del grupo socialista en Las Cortes, Francisco Toledo.
La aprobación de la reforma tal y como ha entrado en el Congreso «es un torpedo en la línea de flotación del sector»: compromete la viabilidad de las 16 cooperativas de la Comunidad, modifica su forma social sin ánimo de lucro y su gestión asamblearia, deja en el aire 500 puestos de trabajo directos e indirectos -un centenar de ellos en Alicante-, y compromete el suministro eléctrico de 50.000 hogares, según informa el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana, Salvador Escuti.
Este ataque se concreta en dos puntos del proyecto de ley (ver información anexa) que se tramita por la vía de urgencia en el Congreso. El primero de estos puntos excluye a las cooperativas de la actividad de distribución y venta de energía eléctrica, «dándonos un plazo de tres años para disolvernos y convertirnos en mercantiles«, según Escuti. El segundo obliga a las empresas que distribuyan y que comercialicen energía a tener dos sociedades diferenciadas, para que cada actividad se realice de forma separada y con dedicación exclusiva. Para el portavoz, este punto significa literalmente «multiplicar por dos la estructura de la empresa», algo «inasumible» para las eléctricas que representa.
El rechazo a la ley no viene sólo del PSPV y la federación de cooperativas eléctricas; la confederación de sociedades de economía social de la Comunidad y la propia Conselleria de Industria se han manifestado también en contra. Todos tienen la misma causa, pero también intereses encontrados en su defensa.
El proyecto de ley, cuyo plazo de recepción de enmiendas terminó el jueves tras haber sufrido dos ampliaciones, será sometido a votación en la Cámara Baja en «un tiempo breve», según explica el portavoz de los cooperativistas. «El ministro quiere que entre en vigor en enero, así que no tardarán en aprobarlo», apunta Escuti.
La federación no entra en el análisis del PSPV y evita valorar la intencionalidad del nuevo texto -«no me corresponde a mí interpretar las decisiones del Ministerio», dice Escuti-, y prefiere entender que la invitación a desaparecer que suponen para las cooperativas eléctricas los artículos 6.1 y 12 del texto legal son más fruto de la desconsideración hacia lo minoritario que trae la prisa legisladora que consecuencia de un plan que culmina con la integración de las cooperativas en el sector privado. Además, mantener la compostura es importante cuando el objetivo, «poder estar dentro del sector eléctrico», cuenta con el apoyo de una conselleria de Industria que tiene el mismo color político que el ministerio.
El organismo que dirige Máximo Buch ha remitido alegaciones «en defensa y reconocimiento de la actividad de las cooperativas eléctricas» al Congreso y trasladado formalmente al departamento de Soria sus propuestas para su inclusión de en el texto definitivo.
Una defensa «cosmética» para Francisco Toledo. «Si la conselleria ha presentado alegaciones, pero no enmiendas» a la ley, es decir, sugerencias no vinculantes en vez de una propuesta oficial de modificación del proyecto que debe votarse en la comisión de Industria del Congreso, «no se conseguirá nada», asegura.
«No sabemos qué va a pasar, pero este es un camino que jamás ha recorrido ninguna cooperativa», asegura Escuti. Deberá sumar a la incertidumbre el hecho de que no cuenta con todos los apoyos de puertas para adentro. Según ha podido saber este diario, los responsables de la cooperativa de Crevillent no quieren alinearse con la federación; esperan y estudian cómo puede beneficiarles la ley.
