El autor de la proposición no de ley contra la reforma eléctrica que presentó el PSPV en el parlamento autonómico hace dos semanas - de contenido casi idéntico a las alegaciones presentadas por el Consell el pasado jueves-, Francisco Toledo, asegura que esta nueva norma es un traje a medida para Unesa, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, que «va a quedarse con todo». «Todo» incluye para el diputado el negocio de 20 cooperativas que ofrecen energía a un precio entre un 7 y un 24% más bajo y que reinvierten sus beneficios en instalaciones y actividades de obra social.

Este mecanismo para anular a las cooperativas se activa con la aplicación de los apartados e y f del artículo 6.1 y el apartado 1 del artículo 12 del proyecto. El primero fija que la distribución y comercialización queda restringida a sociedades mercantiles y excluye por tanto a las cooperativas. Este punto es, para el diputado, «el que tiene más posibilidades de ser cambiado» durante la tramitación.

Sin embargo, el contenido del artículo 12 es la salvaguarda, según el PSPV, de Industria para sacar del sector a estas sociedades. Impone la separación jurídica y funcional de las áreas producción y distribución de la venta en todas las empresas, salvo para aquellas que tengan menos de 100.000 clientes y un volumen de negocio inferior a 500.000 euros anuales. Toledo sostiene que el Gobierno ha añadido a la primera excepción, aceptada en la norma europea, esta segunda condición que es «imposible» de cumplir para la mayoría de cooperativas. O se adaptan a la norma o quedan fuera de la ley.

De ahí que Toledo recuerde que durante los primeros meses del año «se decía que algunos de los borradores de la ley venían con el logo de Unesa».