Los clientes de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) y de la valenciana Bancaja llegaron a pagar por sus participaciones preferentes más del triple del valor real que estos títulos hubieran alcanzado en el mercado en condiciones normales. Así lo pone de manifiesto un informe elaborado por la CNMV en septiembre de 2011 y que acaba de hacer público la denominada Plataforma CAM -la asociación que reúne a unos 750 afectados por la debacle de la entidad alicantina- con la intención de que el documento se incluya en la causa que instruye la Audiencia Nacional contra la excúpula de la caja.
En concreto, el supervisor señala que ambas entidades vendieron preferentes por el 100% de su valor nominal cuando en condiciones de libre mercado su precio apenas hubiera alcanzado el 30% del mismo.
En este caso, la investigación de la CNMV no trata de las numerosas irregularidades cometidas por las entidades durante la emisión de estos títulos y que ya han sido denunciadas en múltiples ocasiones -como la colocación de las preferentes a personas que carecían de los conocimientos necesarios para entender la complejidad de este producto-, sino que se refiere a las operaciones realizadas con posterioridad. Es decir, a las que se producían cuando algún cliente deseaba recuperar el dinero invertido, lo que obligaba a la caja a buscar un nuevo comprador para esos títulos.
En teoría, estas transacciones debían realizarse a un precio de mercado, que debía fijarse en función de la oferta y la demanda, pero la mayoría de las entidades lo que hacía era buscar a otro cliente al que le endosaban las preferentes por el 100% de su valor nominal. De esta forma se evitaban dar explicaciones al vendedor, que en muchos casos pensaba que había contratado un depósito a plazo fijo y no unos valores que podían fluctuar, pero salía perdiendo el comprador, que pagaba por las preferentes un precio que no era en absoluto real.
Ignoraron las recomendaciones
En el momento de realizar el informe había hasta diez entidades -varias de ellas desaparecidas hoy en día- que aplicaban esta operativa: Liberbank, BMN, Catalunya Caixa, La Caixa, CAI, Banesto y Unnim, además de Bancaja y la CAM. Otras también realizaban estos cases entre clientes pero con algún tipo de medida para corregir el precio y ajustarlo al precio teórico de mercado, aunque sin conseguirlo del todo, según el criterio de la CNMV. En este grupo estarían, por ejemplo, Bankinter, Ibercaja, Caja España o Novagalicia.
La propia CNMV llama la atención sobre el elevado número de entidades en las que detecta estas «malas prácticas», sobre todo porque su investigación se producía después de que el año anterior, en 2010, ya hubiera remitido varias cartas exigiendo que realizaran estas operaciones a través del SEND -el mercado secundario de renta fija- o bien que implantasen las garantías necesarias para que los precios se ajustaran al valor real. Sin embargo, la mayoría de bancos y cajas aseguraban que seguían en el proceso de adaptación.
No obstante, también cabe señalar que no en todos los casos el perjuicio causado fue el mismo, según el supervisor, ya que en algunas de las emisiones el precio real se hubiera aproximado bastante al 100% que se pagó, según la estimación que realizó el departamento de Estudios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En otros casos, como el de las dos cajas de la Comunidad Valenciana, las diferencias eran sustanciales.
Así, las preferentes que emitió la CAM en 2009 deberían haberse pagado al 85% de su valor nominal a finales del 2010, mientras que las correspondientes a emisiones anteriores ya sólo conservaban entre el 40% y el 30% de su valor original, debido a su escasa rentabilidad, según el citado informe. Aún así, todos los clientes pagaron religiosamente el 100%, es decir, más del triple de lo que correspondía.
La caja alicantina ya había sido advertida el año anterior en el transcurso de una inspección que le realizó la CNMV y, ante el nuevo requerimiento del supervisor, explicaba que había contratado un consultor para solucionar el problema e implantar una nueva operativa. No le dio tiempo ya que antes acabó intervenida por el Banco de España y adjudicada al Sabadell, que canjeó estos valores por acciones propias.
En el caso de Bancaja, la deuda subordinada emitida en 2009 también debió cotizar a un precio de entre el 81% y el 89% de su valor inicial, mientras que las preferentes más antiguas debían cotizar a un 30% de su precio de salida, según la CNMV. La entidad entonces presidida por José Luis Olivas, que también había sido apercibida un año antes, señalaba en su respuesta que estaba «revisando» su operativa para acabar con estas prácticas. Al final, las preferentes también acabaron canjeadas por acciones de Bankia.
