­Alicante vuelve a destacar por su elevado nivel de economía sumergida. La provincia fue la tercera de todo el país donde más ingresó la Agencia Tributaria gracias a la polémica amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno el año pasado para que los contribuyentes pudieran regularizar el dinero que tenían oculto en el extranjeros pagando tan sólo un gravamen del 10 por ciento.

En concreto, según los datos divulgados ayer por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, la citada medida supuso una recaudación de 63,4 millones de euros en Alicante, una cantidad que supera a lo que se recaudó en Valencia y Castellón juntas (60,8 millones) y que prácticamente iguala a los ingresos que se registraron en toda Andalucía por la misma causa (65,2 millones).

En total, la amnistía promovida por Cristóbal Montoro supuso para el Estado 1.195,6 millones de euros adicionales, aproximadamente la mitad de lo presupuestado inicialmente. Casi el 60% de esta cifra se concentró en Madrid (463,8 millones) y Barcelona (262,8), lo que resulta «lógico», según los responsables de Gestha, ya que es en estas ciudades donde tienen su domicilio la inmensa mayoría de las grandes fortunas y de las grandes empresas del país, que son quienes más recurren al desvío de fondos al extranjero para ahorrarse impuestos y, por tanto, también los más beneficiados por la medida.

No es vano, según Gestha, son los más ricos y las grandes multinacionales los responsables del 71,8% de la evasión fiscal que se produce cada año en España.

Por este mismo motivo resulta más llamativo que Alicante se cuele en la tercera posición de la lista, aunque sea a mucha distancia de las anteriores. En este caso, el elevado uso que los contribuyentes de la provincia realizaron de la regularización extraordinaria estaría más relacionada con las ingentes cantidades de dinero negro que se generaron durante los años de la burburja inmobiliaria y con la elevada presencia de extranjeros en la zona, que también habrían aprovechado para poner al día sus cuentas con la Hacienda española, según las fuentes consultadas. Algo similar habría ocurrido en Málaga, Girona o Murcia, que también ocupan lugares destacados en esta clasificación y donde el sector de la construcción turística también tuvo un papel muy reseñable antes de la crisis.

Sólo el 3% del fraude

Los técnicos de Hacienda denuncian la poca efectividad real que ha tenido esta medida ya que, según sus cálculos, las cantidades afloradas apenas suponen un 3% del fraude total que se produjo entre los años 2008 y 2010 en España, lo que significa que el 97% las rentas irregulares generadas durante ese periodo siguen ocultas al fisco. Además, señalan que la aministía provocó un descenso de las declaraciones complementarias, con las que habitualmente los defraudadores arrepentidos tratan de regularizar su situación y que no tienen un trato tan ventajoso.