Buenas noticias para los funcionarios. El juzgado contencioso-administrativo número cuatro de Alicante acaba de dar la razón a un policía local de Novelda que reclamaba la devolución de parte de la paga extra de Navidad que el año pasado se suprimió a todos los trabajadores públicos, al considerar que las decisiones del Gobierno no pueden aplicarse de forma retroactiva. Es decir, que no debió afectar a la parte proporcional de la paga que correspondía a meses ya trabajados.
Se trata de la primera resolución judicial que se registra en la provincia contra la polémica medida del Gobierno para atajar el déficit, y una de las primeras de todo el país después de las sentencias emitidas en el mismo sentido por la Audiencia Provincial de Palencia y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según explican desde el sindicato CSIF, impulsor de la denuncia.
Esta organización puso en marcha una campaña a principios de año para trasladar a los tribunales la cuestión, después de que la Generalitat y otras administraciones rechazaran los miles de recursos administrativos que los sindicatos habían presentado reclamando dicha devolución. En este caso, fue un policía local el que decidió recurrir la negativa del Ayuntamiento de Novelda a reintegrarle el dinero.
En este sentido, la sentencia del juzgado alicantino no cuestiona la capacidad del Gobierno para rebajar las retribuciones de los funcionarios suprimiendo una paga extra pero señala que no puede «cercenar unos derechos ya adquiridos por haberse producido el devengo» de los mismos. Así, recuerda la Resolución del 3 de junio de 1987 de la Secretaría de Estado de Hacienda que establece que los empleados públicos recibirán estos abonos en proporción al tiempo trabajado según los siguientes periodos: desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo para la paga extra de junio, y desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre para la paga de diciembre.
Por tanto, señala el fallo, cuando entró en vigor el decreto con los ajustes del Ejecutivo, el 15 de julio de 2012, los funcionarios ya había generado un 25% (la correspondiente a un mes y 15 días) de la siguiente paga extra. Por este motivo, condena al consistorio noveldense a devolver este porcentaje de la paga suprimida y, además, le obliga a pagar las costas del proceso en una sentencia contra la que no cabe recurso.
Importante precedente
Para el presidente provincial del CSIF, Javier Tovar, la resolución judicial «abre la puerta a que todos los empleados públicos reclamen su dinero en los tribunales porque queda demostrado que el Gobierno obró mal, y a sabiendas». No obstante, confía en que las administraciones acepten reintegrar la parte proporcional de la extra a sus trabajadores sin necesidad de saturar los juzgados.
Por su parte, el concejal de Hacienda de Novelda, Rafael Sáez, ya avanzó ayer que el Consistorio tiene intención de sentarse a negociar el asunto con los sindicatos en el momento en que reciba una nueva sentencia en el mismo sentido. «No sería lógico enfrentarse a una cascada de demandas en las que, además, nos arriesgamos a que nos condenen a costas otra vez», explicó el regidor, quien señaló que la decisión tampoco supondría un «excesivo quebranto» para las finanzas municipales ya que el dinero de la extra «está retenido en una cuenta sin gastar».
Lo cierto es que la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de recortar el sueldo de los funcionarios ya le ha supuesto más de un quebradero de cabeza al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Además de las protestas que desencadenó la decisión, la Agencia Tributaria también se vio obligada a principios de este año a devolver a todos los empleados públicos la parte proporcional de las retenciones del IRPF que había practicado en sus nóminas, ya que éstas se calculan teniendo en cuenta lo que se cobra también por las pagas extra.
La supresión de este abono el pasado mes de diciembre supuso en la práctica una bajada de salarios de entre el 5% y el 7% para los empleados públicos y supuso un ahorro de alrededor de 4.000 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo.
