Cada vez más parados de la provincia dependen de la prestación que cobra un familiar para subsistir. Según un informe elaborado por el sindicato CC OO en base a los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), ya son 21.100 los hogares alicantinos donde reside algún desempleado y donde es un pensionista el principal sustentador de la economía familiar. Una cifra que supone un incremento del 43,5% con respecto a la que se registraba hace tan sólo un año, cuando las familias en esta situación eran 14.700, según las mismas fuentes.

Desde el sindicato atribuyen este incremento a dos situaciones cada vez más frecuentes ante la actual situación del mercado laboral: Por un lado, al cada vez mayor número de personas cercanas a la edad de retiro que, ante el riesgo de que una nueva reforma de las pensiones recorte sus derechos, deciden jubilarse anticipadamente para garantizarse un nivel de ingresos, sobre todo si otro miembro de la familia ha perdido su empleo.

Y, por otro lado, CC OO destaca el ingente número de reagrupaciones que se están produciendo. Es decir, la gran cantidad de trabajadores que se habían independizado de sus padres pero que, al quedarse en el paro y agotar las prestaciones, se ven obligados a regresar al domicilio paterno para salir adelante. «Aún en los meses en que se recupera el empleo éste es tan precario que no sirve para suavizar» este tipo de situaciones, advierte el autor del citado informe, el responsable de Comunicación del sindicato en el l'Alacantí y les Marines, José María Ruiz Olmos.

En este sentido, recuerda que a pesar de los cinco meses consecutivos de reducción del paro registrado, en Alicante aún hay 71.800 hogares con todos sus miembros desempleados y 39.600 familias sin ningún tipo de ingresos.

Riesgo de pobreza

En el caso de los pensionistas que tienen desocupados a su cargo, el crecimiento ha sido exponencial desde el inicio de la crisis al pasar de las 8.300 hogares que había en esta situación en el año 2008, hasta los 21.100 actuales, lo que supone un incremento del 154,2%. El gran peligro es el riesgo de caer en la pobreza que sufre automáticamente toda la unidad familiar, sobre todo si se tiene en cuenta la escasa cuantía de las prestaciones en la provincia.

La pensión media se sitúa en 745,26 euros mensuales, la de jubilación ronda los 840 euros y la prestación por viudedad se sitúa en 571,83 euros, una cifra esta última que ni siquiera alcanza el Salario Mínimo Interprofesional, establecido este año en 645,30 euros mensuales.

Además, el futuro no parece tampoco nada halagüeño, según Comisiones Obreras, dada la elevada temporalidad del empleo que se ha creado estos meses, lo que anticipa una subida del paro tras los meses estivales, y un empobrecimiento aún mayor para muchas de estas familias.

De esta manera, el sindicato subraya su rechazo ante la propuesta de diferentes organismos como el FMI o la Comisión Europea de rebajar «aún más» los salarios, pues se trata de una «intolerable vuelta de hoja» que no hace más que perjudicar a una ciudadanía «ya muy agredida por estas políticas sociales y de dudoso encaje constitucional».

Igualmente, Ruiz Olmos asegura que «hablar de brotes verdes o de luces al final del túnel son una indigna estrategia de manipulación y un insulto a la inteligencia». CC OO achaca las dañadas condiciones de vida a las «salvajes» medidas tomadas por el Gobierno, traducidas en recortes y reformas laborales y pensionistas inapropiadas. De otro lado, la organización hace hincapié en la morosidad promovida por los dos últimos gobiernos, que no hacen más que empeorar la situación de crisis.

Así, el sindicato defiende poner punto y final a la política de recortes sociales para dar paso a la protección real de las familias, quienes son «las verdaderas víctimas de esta situación», ya que el rescate del sistema financiero ha conllevado un quebrantamiento de los derechos y el bienestar de la ciudadanía.