Pactar precios y servicios para repartirse el mercado puede salir muy caro. Es el mensaje que envía la Comisión Nacional de la Competencia con la millonaria sanción a un grupo de 17 empresas de alquiler de vehículos sin conductor por operar como un cártel que condicionaba el mercado de los «rent car» en varios puntos del arco mediterráneo y Baleares, especialmente en las provincias de Málaga y Alicante. Del total de 35 millones de euros que suman las multas, 23 se han impuesto a seis compañías con domicilio social en la provincia.

El organismo informó ayer a través de un comunicado de que considera «acreditado» que estas empresas cometieron «una infracción única y continuada» del artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe «todo acuerdo colectivo o práctica concertada» que pueda «impedir, restringir o falsear la competencia». En concreto, el Consejo de la CNC entiende que el cártel infringió la normativa al adoptar «acuerdos para la fijación de precios» así como «determinadas condiciones comerciales». Es decir, las empresas mantenían un pacto ilegal para repartirse clientes y anular al resto de competidores, según el organismo.

Seis años sin competencia

La nota de la CNC especifica que la organización se benefició de esta práctica durante seis años, en concreto entre mayo de 2005 y octubre de 2011. Durante ese periodo, y como explica el comunicado de la CNC, los participantes en el cártel compuesto por ocho empresas malagueñas, seis alicantinas, dos madrileñas y una castellonense mantuvieron contactos y reuniones para establecer precios mínimos e incrementos de tarifas, así como «una política comercial respecto al inicio y al final de la temporada alta, media y baja» y los recargos a aplicar por servicios extra, como complementos por conductor adicional o la incorporación de sillas de bebé en el coche.

Además, la Comisión es clara respecto al grado de conocimiento que tenían los miembros sobre la legalidad de sus acuerdos: «Las empresas participantes plantearon un sistema para evitar el control de la Autoridad de Competencia y diseñaron un mecanismo de vigilancia de la ejecución de los acuerdos del cártel», apunta la nota. Esta encargo recaía sobre «el presidente de la Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía». De ahí que la sanción se haya hecho extensiva a esta organización empresarial y a su homóloga Asociación de Empresarios de Servicios de Alquiler de Andalucía, también implicada en el reparto del mercado.

Cooperación eximente

Una de las integrantes de la organización ha sido, según da a entender la propia CNC, clave para desmantelar el cártel. El comunicado indica que la empresa de Xàbia Sol Mar Alquiler de Vehículos SL ahora en fase de liquidación está eximida del pago de la sanción por «reunir los requisitos previstos en el artículo 65 de la Ley 15/2007». Este epígrafe libera de la multa a la primera sociedad de un cártel que aporte información clave para probar su actividad ilícita. Sol Mar remitió al supervisor una petición de exención de pago de una multa que le había sido impuesta por pactar precios el 2 de agosto de 2011. La CNC le reclamaba 791.958 euros por formar parte de esta asociación a la que ha contribuido a desmantelar.

15 millones para Goldcar

El «gigante» alicantino del mundo del rent a car Goldcar con una flota de 30.000 vehículos y 42 oficinas en España y en el extranjero es el que sale peor parado en esta investigación iniciada hace dos años. Competencia le reclama el pago de 15.456.000 euros, cargo que, según fuentes de la empresa, «se calcula en función a las ventas de la empresa» y no por la implicación del sancionado en la actividad, como apuntaron desde la compañía de Sant Joan. Las citadas fuentes aseguraron que «no compartimos en absoluto» la decisión de la CNC y anunciaron que se recurrirá la multa.

El resto de empresas participantes con sede en la provincia son Centauro Rent a Car SL con domicilio social en Benidorm y multa de 5.567.000 euros; Alquiler de Coches Victoria SL, radicada en Calpe y también en fase de liquidación; la torrevejense Dickmanns Rent a Car SL 332.308 euros y Drivalia Car Rental, de Orihuela y sancionada con 103.294 euros.

Este diario trató ayer de conocer la versión de estas empresas, sin recibir respuesta de sus administradores.