La decisión de la Generalitat de elevar del 8% al 10% el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava la compraventa de viviendas de segunda mano, ha provocado la indignación de los profesionales del sector que temen que la medida pueda dar al traste con muchas operaciones. Además, denuncian que se ha adoptado «sin ningún tipo de negociación ni de aviso, generando una gran inseguridad entre los clientes», según explicó ayer la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Alicante, Marifé Esteso.

«Es una medida muy injusta porque perjudica a un sector económico que ya está muy machacado y esto va a suponer un nuevo obstáculo», aseguró Esteso. Al respecto, recordó que las entidades están exigiendo porcentajes de entrada muy elevados en las pocas hipotecas que conceden por lo que, «si se eleva la partida de gastos adicionales, a la gente le va a costar aún más reunir el dinero cuando la mayoría de clientes ya van muy justos», señaló la presidenta de los API.

También hay preocupación por la reacción de los compradores extranjeros, que son quienes realmente están tirando del sector y quienes han permitido que, tras casi un lustro de caída ininterrumpida, la compraventa de viviendas esté repuntando en la provincia a un ritmo cercano al 20% desde finales del año pasado. Al respecto, varios profesionales de municipios costeros consultados por este diario, como Francisco Méndez, de la inmobiliaria Criado 95 de Torrevieja, creen que serán los vendedores quienes acaben «rebajando el precio de sus inmuebles» para compensar la subida impositiva.

En cualquier caso, lo cierto es que la decisión del Consell viene a equiparar los tributos que pagan los pisos usados con el IVA que se abona en las viviendas de obra nueva, que desde el pasado enero ya tributaban al 10%, tal y como recordaron ayer desde la Asociación Provincial de Promotores (Provia). Se acaba así con la pequeña ventaja con que contaban los inmuebles de segunda mano, que son los que más está costando de colocar en estos momentos. Los más afectados serán los bancos, que son los que acumulan el mayor stock de producto usado aunque también disponen de mayor flexibilidad para rebajar precios.

Medida recaudatoria

Con la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales la Generalitat confía en recaudar más de 30 millones de euros sólo en lo que queda de año y alrededor de 75 millones el próximo ejercicio. De esa forma, el Gobierno valenciano sigue la senda de la Xunta de Galicia o de la Generalitat catalana, que también elevaron el tipo de este gravamen para equipararlo al IVA de los pisos nuevos.

En el caso de la Comunidad, también ha molestado «la nocturnidad y alevosía» con la que se ha aprobado, según Marifé Esteso, sin ningún tipo de comunicación previa al sector. Esto provocó que ayer se produjeran momentos de confusión en algunas notarías alicantinas que no sabían qué porcentaje debían aplicar en las operaciones que registraban. La confusión vino porque el Consell anunció que se trataba de una medida de aplicación inmediata pero el acuerdo aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Comunidad, por lo que aún no ha entrado en vigor.