Javier Cremades lleva en la agenda de su despacho de abogados la pesadilla que sufren los ahorradores que invirtieron «engañados» en preferentes. «No hay dinero para devolver lo estafado a estas personas», advierte. El abogado malagueño defiende a centenares de atrapados en España por este escándalo financiero. También lleva el caso de un millar de pequeños accionistas de Bankia defraudados con la salida a bolsa de la entidad. Con 47 años y padre de ocho hijos, Cremades se crece ante el reto de plantar batalla a instituciones y bancos a los que responsabiliza de causar un «daño moral», difícil de reparar a miles de ciudadanos.
¡Ocho hijos! Tendrá que trabajar usted mucho para mantener a su familia.
Tengo la suerte de tener una familia a la vieja usanza. La familia ha sido una red básica para amortiguar el impacto de la crisis.
Pero tendrá que reconocer que no es fácil, sobre todo para una mujer, conciliar su vida laboral con la familiar.
No, no es fácil. Habría además que dignificar el trato social de la mujer que trabaja en casa. Mi mujer, Arantxa, es abogada también pero con una dedicación profesional como la copa de un pino a nuestros hijos. Es la líder de una pyme, que es nuestra familia.
¿Habla de pagar a las amas de casa?
No sólo deberían cobrar, sino que tendrían que estar incluidas en el régimen de la seguridad social. Nuestras madres han sido profesionales y no mujeres con vidas fracasadas. Han llevado como nadie las economías familiares y eso no es nada fácil.
Desde luego, mejor que muchas cajas y bancos de España.
Efectivamente. Pero no hay que olvidar que las entidades que no ha funcionado son las de las cajas de ahorros, que estaban gestionadas por políticos, no las de los bancos en los que trabajan profesionales. Hemos visto claramente cómo el manejo de una casta política de un negocio profesional puede ser nefasto. España, no obstante, sigue teniendo los mejores bancos profesionales de la zona euro.
Pues vaya usted a convencer de esto a los accionistas minoritarios de Bankia o a los afectados por las preferentes.
Es cierto que ha habido mucha gente que se ha sentido engañada. Una de las labores más nobles de un abogado es la de defender a esas personas para que se recupere la confianza perdida en el sistema y en las instituciones. Durante estos años negros, España ha hincado la rodilla como país. Yo defiendo ahora a mil accionistas minoritarios de Bankia a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). Tenemos que dar respuestas a todas esas personas que se vieron arrastradas por una desafortunada salida a bolsa de Bankia.
¿Desafortunada o fraudulenta?
Hubo un engaño y por eso hay un procedimiento penal abierto. Fue, efectivamente, un fraude.
¿Confía en que esos accionistas minoritarios puedan recuperar su dinero?
Espero que sí. El que ha vendido sus acciones lo ha perdido todo, pero el resto confío en que podrá recuperar su inversión.
¿A quién reclaman ese dinero que está en el aire?
Al Banco de España y subsidiariamente a la Comisión Nacional de Valores y Mercados (CNMV) y al Ministerio de Economía.
¿Recuperarán también sus ahorros los preferentistas?
No hay dinero para devolver los ahorros al casi millón de personas engañadas con las preferentes.
¿Y todo ese sistema de arbitraje para compensar a estas personas?
El engaño de las preferentes no es sólo patrimonial es, sobre todo, moral. Ese arbitraje no es más que una operación de maquillaje de las entidades que vendieron esos productos financieros. Hay mucha gente que ya no duerme tranquila por haber sufrido un abuso de confianza. Hablamos de ciudadanos que habían confiado el esfuerzo y el fruto de toda una vida de trabajo a las cajas de ahorro, mayoritariamente. Es un caso escandaloso que requiere una respuesta para que esta herida social deje de supurar. Algunas entidades han pedido perdón, pero eso es insuficiente, y no es cierto que estén resolviendo los casos de las personas estafadas. Eso sólo puede hacerlo la Justicia.
Como experto en derecho de la energía, ¿qué opina de la fórmula propuesta por el ministro Soria para pagar la hipoteca social del déficit tarifario?
El precio de la energía está mal organizado en España porque es un precio regulado que depende del Gobierno. Se ha creado un sistema complicado, difícil y con peajes y tarifas que no entiende nadie. No hay libertad ni competencia en el mercado.
Al final, quien paga de nuevo el pato es el ciudadano.
El déficit de tarifa es una creación artificial que nació en 1996 cuando Aznar decidió no incrementar el precio de la energía porque se quería entrar en el euro con una inflación contenida. La energía seguía encareciéndose pero no se subió su precio y se fue generando una deuda social que paga esta generación.
Defiende usted en su último libro el petróleo, el carbón y el gas e incluso la energía nuclear.
No seamos hipócritas. Sin energías fósiles no podríamos viajar en coche o tener calefacción, por ejemplo. Entiendo las posturas de los ecologistas y alabo su labor de concienciación por la defensa del medio ambiente, pero no puedo estar de acuerdo con posturas fundamentalistas o fanáticas.
Hábleme de esos dogmas a refutar.
Hay que desmotar el mito de que el petróleo y el carbón son sucios y escasos. Salvo por el transporte, estas energías y el gas natural no pueden considerarse hoy sucias. Las nuevas tecnologías permiten además reducir las emisiones de CO2, que puede ser secuestrado y almacenado.
¿Es la peligrosidad de la energía nuclear otro mito?
No podemos prescindir de esta energía y los reactores de nueva generación reducirán al mínimo su peligrosidad. Esta energía es mucho más barata y de precio más estable que cualquiera de las renovables o las fósiles.
Señor Cremades, ¿cómo pueden luchar los editores europeos contra un gigante como Google que se lleva la publicidad y hace uso de contenidos de terceros sin pagar?
No pueden. El poder de Google se lo dan los usuarios y ciudadanos. Los editores no han sabido jugar bien con un instrumento importantísimo y es que son propietarios de sus contenidos. Deberían unirse y llegar a acuerdos razonables, con la compañía. En Francia y Bélgica se ha llegado a estos acuerdos con el poder del Estado.
