El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), José Vicente González, exigió ayer «tomar las medidas necesarias para separar a los gobernantes que no se han comportado con la ética necesaria» y «hacerlo rapidito», de modo que los ciudadanos puedan «confiar en las instituciones representativas» y no que la atención se centre «en los tribunales». De este modo, González se une al clamor empresarial contra la corrupción política e institucional que tuvo su epicentro en el discurso del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, durante la Noche de la Economía Alicante celebrada el pasado día 11, y que fue ratificado por empresarios de todos los sectores consultados por este periódico al día siguiente.

González hizo estas declaraciones ayer a preguntas de los periodistas sobre si opinaba que la corrupción está lastrando el crecimiento económico del país, tras clausurar la Asamblea General Ordinaria de Cierval celebrada ayer en Valencia por la patronal autonómica, en la que está representada la patronal alicantina, Coepa.

González señaló que los comportamientos corruptos «no ayudan en nada» a la estabilidad, y la «inestabilidad nunca es buena», de modo que animó a «tomar las medidas necesarias para separar a los gobernantes que no se han comportado con la ética necesaria» y así «salvaguardar la confianza de todos en la inmensa mayoría de servidores públicos que sin duda son personas honestas».

«Hay que separar el trigo de la paja» y «hacerlo rapidito», insistió. «No puede ser que en lugar de prestar atención al saludable debate democrático que debiera tener su centro en el Congreso, la atención esté en los tribunales», por lo que, proclamó, «lo que toca es que hagan lo que tienen que hacer, y que separen la paja del trigo».

Durante su discurso en la clausura de la asamblea general, a la que acudieron pocos empresarios, González manifestó también que éstos, como ciudadanos, necesitan «confiar» en las instituciones representativas para su «futuro personal y empresarial». A su juicio, sin embargo, «no ayuda nada a conseguir este ambiente de confianza absolutamente necesario los indicios que aparecen, de una forma permanente, de conductas poco ejemplares entre los responsables de gobiernos nacionales, autonómicos y locales», ni tampoco la «bronca política constante».

La patronal autonómica une así su voz a la del dirigente cameral alicantino José Enrique Garrigós, quien el pasado día 11 de julio retó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a romper con el pasado y acabar con la corrupción sin que le tiemble el pulso, una tarea en la que, le garantizó, «tendrá a su lado a mucha más gente de la que imagina».

Y también al igual que Garrigós, el dirigente patronal autonómico destacó ayer la «importante deuda» que mantiene la Generalitat con la entidad empresarial, algo que en el caso de la Cámara de Alicante ha contribuido a tener que abandonar su sede alquilándola al Ayuntamiento y, en el caso de Cierval, a reducir su presupuesto en un 23%. En este momento, según refirió ayer González, las reuniones se basan en concretar la cifra de deuda y para después del verano confía en que las negociaciones «avancen más rápidamente» y poder establecer un calendario de pagos. «Evidentemente no van a pagar este año», asumió el presidente de Cierval, pero espera que, al menos, sí se defina un calendario para «poder hacernos una previsión de cómo funcionar».

González reclamó ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que compense «los efectos de la infrafinanciación» de la Comunidad durante los últimos años con una «quita» de alrededor de 11.000 millones de euros de la deuda aproximadamente el equivalente al presupuesto de la Generalitat en un año.

El llamado «déficit asimétrico» que, a su entender, ya debería haberse autorizado, «sólo significa que nos dan permiso para deber más dinero, con lo cual tendremos que devolver más y además los intereses correspondientes», alertó, por lo que es «urgente» obtener una «financiación justa» así como una «quita total o parcial» de la deuda de la Comunidad.