No habrá comparencia ni, por lo tanto, posibilidad de que en el transcurso de la misma se puedan acordar las medidas cautelares que solicitaba el acusador popular y que iban desde el control telemático hasta la prisión. Así que, al menos de momento, pueden respirar tranquilos los dos últimos directores general de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y el exdirector de Recursos Vicente Soriano, los tres imputados por el supuesto falseo de las cuentas de la entidad para atribuirse unos emolumentos a los que no tenían derecho para los que el abogado Diego de Ramón reclamaba la adopción de estas medidas cautelares en un acto que ahora ha quedado suspendido.
Los tres exaltos cargos de la caja de ahorros, encausados junto al expresidente Modesto Crespo y al exdirector de Control Teófilo Sogorb en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por la gestión de la caja, habían sido citados para el próximo lunes a las 10 de la mañana a una audiencia convocada a instancias de De Ramón, quien en este proceso representa a más de medio millar de afectados por la compra de preferentes y cuotas participativas.
El letrado apoyaba su petición de medidas cautelares para los tres exdirectivos en la garantía de que no huyan y burlen la acción de la Justicia habida cuenta de que los tres disponen de medios económicos suficientes para hacerlo, según explicaba el abogado. De su planteamiento excluía a Crespo, por ser el único de los cinco imputados que ha presentado en el juzgado un listado de posesiones con las que hacer frente a parte de la fianza de 25,8 millones de euros fijada por el juez (una medida pediente de que se resuelvan los recursos planteados contra ella), y a Sogorb, por su actitud colaboradora a lo largo de la instrucción.
Contra la providencia en la que se les citaba los tres imputados presentaron otros tantos recursos que han sido admitidos por el juez suspendiendo la comparecencia del lunes. En línea con las razones esgrimidas por López Abad, Amorós y Soriano, entiende Gómez Bermúdez que desde que comenzó la instrucción de este caso no se han producido hechos nuevos que obliguen a tomar medidas adicionales. Cabe recordar que tras las declaraciones de los imputados del pasado julio, el juez ya acordó retirar el pasaporte a Roberto López y a María Dolores Amorós limitando los movimientos del primero a España y los de la exdirectora general a Europa. Además, ambos tienen que presentarse desde entonces cada quince días en la comisaría o en un juzgado, medidas que se están cumpliendo. Contra Soriano, para el que no se fijó ningún tipo de limitación, no considera el magistrado que se haya producido alguna novedad que aconseje hacerlo.
En el caso concreto de López Abad precisan sus abogados que "no existe ningún riesgo de fuga" de su cliente, "el cual tiene un arraigo personal y familiar más que evidente en la ciudad de Alicante". Sobre la colocación de una pulsera de control telemático consideran que "no es sino una pretensión de afectar a su intimidad de forma irrazonable. Se pretende convertir una instrucción en una pena anticipada, lo que es inadmisible". Y, tras recordar que contra el exdirector general ya se adoptaron medidas cautelares, concluyen sus letrados que, de acordarse las solicitadas por el acusador popular, "no nos hallaríamos ante el supuesto de adopción de nuevas medidas cautelares sino ante una modificación de las ya acordadas en el seno del procedimiento".
Los recurrentes también ha esgrimido el hecho de que la petición de esta comparencia se haya realizado en el marco de la pieza en la que está imputado el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, un procedimiento en el que no están los tres exdirectivos, encausados todos ellos en el asunto principal.
