El Comité de Expertos encargados de diseñar el factor de sostenibilidad aseguran que de acuerdo con la propuesta definitiva trasladada al Gobierno sólo habrá que volver a congelar las pensiones en casos "excepcionales", como la actual crisis económica. A partir de ahí, estiman que lo normal es que a lo largo del ciclo las pensiones nominales crezcan y que las reales incluso ganen poder adquisitivo en le medio y largo plazo.
En una rueda de prensa celebrada tras hacer entrega del informe a la ministra de Empleo, el economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA, Rafael Domenech, miembro del grupo de doce "sabios", ahondó en estas ideas y aseguró además que "las pensiones no dejarán de ser suficientes".
El factor de sostenibilidad cuenta, según lo propuesto, con un factor de equidad intergeneracional (FEI) que actúa como un elemento adicional sobre la normativa vigente, sólo sobre el cálculo de la pensión inicial y la "modera" por el aumento de la esperanza de vida respecto al año base. Así, Domenech explicó que basta con que la base reguladora sobre la que se calcula la pensión inicial crezca en términos reales por encima de lo que la hace disminuir el FEI -5% cada 10 años aproximadamente-, para que la pensión inicial aumente en términos reales.
A partir de ahí, dijo que "lo que puede disminuir es la pensión media real respecto al salario medio real", pero consideró que ello es un "riesgo potencial" que se puede evitar si se toman en el tiempo las medidas adecuadas.
Por su parte, el responsable del gabinete económico de CC.OO., Miguel Ángel García Díaz, incidió en que "si no se introducen modificaciones en el sistema hay un riesgo de que le pensión media sobre el salario medio se reduzca significativamente".
El informe recuerda que la generación del "baby boom" se empezará a retirar a principios de la próxima década y lo harán con una esperanza de vida aproximadamente dos años mayor que la de sus homólogos europeos.
El objetivo de este mecanismo es, además de garantizar la solvencia del sistema, "tratar de manera igual a personas que van a percibir prestaciones del sistema durante un número de años muy distinto".
Revalorización sin el IPC
Asimismo, se propone un Factor de Revalorización Anual (FRA), cuyo objetivo será garantizar el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico y que determinará el crecimiento anual equilibrado de las pensiones de acuerdo con lo ingresos disponibles del sistema público y no con arreglo al IPC como hasta ahora.
Respecto a este factor, el informe recomienda garantizar que la pensión de los pensionistas actuales no pueda disminuir nominalmente por su aplicación.
Una vez expuestos ambos elementos, Domenech aseguró que "los ahorros potenciales que permitan el sistema de solidaridad intergeneracional se devolverán al sistema a través del factor de revalorización anual".
Entre las ventajas que destacan los expertos figura la posibilidad de dejar el sistema de pensiones al margen de las variaciones del ciclo económico. Así, los superávit se acumularán en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que servirán para financiar los déficit. Así, no se tendrán que financiar las pensiones con déficit estructurales.
Asimismo, hicieron hincapié en que con la propuesta entregada al Gobierno se persigue ganar en transparencia, para que la sociedad "conozca la realidad y los problemas del sistema", sin números opacos, y que se pueda fomentar una cultura financiera sobre los sistemas de ahorro para la jubilación.
Aplicar los cambios en 2014
Por otro lado, los expertos hicieron hincapié en que la decisión última sobre el rediseño de las pensiones será "política", si bien llaman a aplicar los cambios propuestos "lo antes posible" en un horizonte entre 2014 y 2019.
Concretamente, consideran que existen "razones de peso" para no demorar la aplicación del FEI (calculan que en el año 2050 habrá un gasto de pensiones un 70% superior al actual) y en el caso del FRA, consideran que su aplicación debe ser "lo más temprana que sea posible y prudente" dentro de este periodo, y de forma "inmediata o gradual".
En cuanto al periplo para su aplicación, el Comité propone empezar por incluir las proyecciones de ingresos y gastos del sistema contributivo en la actualización del Programa de Estabilidad que se elabora en primavera.
El siguiente paso sería realizar unas previsiones al cierre del año en curso y proyecciones a seis o siete año vista, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal también tendrá que validar antes de la aplicación del factor de sostenibilidad.
Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberían detallar la revalorización de las pensiones para el año próximo, tras la aplicación del FRA.
El informe de los expertos se aprueba con un voto en contra y una abstención
El presidente del comité de expertos encargado de diseñar el factor de sostenibilidad de las pensiones, Víctor Pérez-Díaz, dejó claro ayer tras hacer entrega del documento al Gobierno que se trata de "una propuesta" y que ahora se abre "un horizonte de decisiones políticas". "El comité es de expertos que tratan de aplicar criterios de prudencia y sensatez, no de profetas", aseveró, antes de destacar el "éxito" que, a su juicio, ha supuesto el hecho de que el informe haya sido aprobado con un "amplísimo consenso". Concretamente, ha contado con 10 votos a favor, uno en contra del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos M. Ruesga y la abstención del catedrático del Derecho del Trabajo y afín del PSOE José Luis Torturero.
Estos últimos presentaron sendos votos particulares al texto presentado, al que se unió un tercero del responsable del Gabinete Económico de CC.OO., Miguel Ángel García Díaz, a pesar de que votó a favor, lo que ha despertó cierta polémica. García Díaz justificó este voto positivo al considerar que las fórmulas propuestas son "muy robustas técnicamente". Por su parte, Santos M. Ruesga señaló en su voto particular su "desacuerdo total" con el informe porque "no hay una necesidad inmediata de intervenir sobre la marcha de las pensiones" y porque, a su juicio, la solvencia del sistema debe reposar en una aportación creciente de los recursos públicos. Finalmente, Tortuero justificó su abstención en que las respuestas a los retos del sistema de pensiones deben darse en el marco de la reforma de las pensiones de 2011. e. p. madrid
