¿Quién debe firmar y, por tanto, responsabilizarse de las cuentas de Caja Mediterráneo (CAM) del año pasado? Ésa es la pregunta que ayer se formularon y no lograron responder los siete componentes de la gestora provisional que se ha hecho cargo de la Obra Social de la entidad con el mandato de transformarla en una fundación y de amortizar las cuotas participativas. Los miembros de este organismo creen que ya tienen suficientes responsabilidades encima -sobre todo con los polémicos títulos que emitió la CAM y a los que no saben qué salida dar- y consideran injusto que ahora les toque asumir una gestión, la de 2012, en la que no han participado ya que su toma de posesión no se produjo hasta el 7 de mayo de este año.
Varios de ellos ya mostraron en la reunión de ayer su rechazo a estampar su firma en los balances -aunque sólo se les presentó un borrador provisional-, hasta el punto de que el presidente de la gestora, el exsecretario de Turismo Matías Pérez Such, decidió encargar al prestigioso bufete de Broseta un informe jurídico que determine y deje claras de una vez por todas hasta donde alcanzan las competencias y las obligaciones de este organismo. Es decir, si están obligados a aprobar las cuentas o las remiten a otro organismos.
El problema es que el FROB, que gestionó la caja durante la mayor parte del año, finalizó su mandato en noviembre, por lo que se marchó de la entidad sin formular las cuentas, y luego hubo casi cinco meses de vacío de poder por la tardanza de la Generalitat en nombrar a la gestora.
Los miembros de este organismo también siguen acaparando información para saber qué decisión pueden tomar con respecto a las cuotas participativas, que teóricamente perdieron todo su valor para enjugar las pérdidas registradas por la caja en 2011. Una de las primeras medidas ha sido solicitar al FROB y al Sabadell una relación con todos los afectados para tener una idea de las dimensiones del problema.
